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México

En cinco años, 2,000 homicidios de niños

Del 2006 al 2014, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha documentado de forma hemerográfica cerca de 2,000 homicidios de niñas, niños y adolescentes. En la mayoría de estos casos, predomina la impunidad y ausencia de investigación profesional.

De acuerdo con datos extraídos por la Redim del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en México hay 23,271 reportes de personas desaparecidas. En el mismo registro, se encuentran reportados 7,016 menores de edad desaparecidos, que representan 30% del total de las desapariciones observadas.

Los datos indican que, del 2007 al 2014, desaparecieron 6,998 niñas niños y adolescentes. Dentro de este grupo de la población, si se estudian los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2,621 desaparecidos, de los cuales 1,712 son mujeres; esto quiere decir que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres, destaca la ONG.

Ante cifras de este tipo y frente a casos como el de la desaparición y asesinato de adolescentes en Calera, Zacatecas; así como el de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, es saludable que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inicie una investigación de soldados implicados, instó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim

Las fuerzas militares enfrentan un serio desgaste desde que fueron involucradas en la lucha contra el crimen organizado; por lo que preservar su institucionalidad y legitimidad social es muy importante, confirmó el coordinador de Redim. “Es imposible querer hacer cumplir la ley, violando las leyes mismas”, indicó.

Es de recordar que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (UNCRC, por su sigla en inglés) recomendó en el 2011 al Estado mexicano desarrollar protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos donde se encontraran niños y adolescentes.

Pese a que dichos protocolos se realizaron durante la administración de Felipe Calderón, actualmente se desconoce si son utilizados por la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional. “Los casos paradigmáticos como la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, Estado de México; Calera, Zacatecas y Aquila, Michoacán muestran el desconocimiento de dichos protocolos o la decisión equivocada de no aplicarlos”, sentenció Juan Martín Pérez.

El pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas, a manos de los militares del 97 Batallón de Infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con un tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; lo que aporta evidencia de ejecución extrajudicial.

En otro incidente que involucra a menores de edad; dos niños fueron asesinados -de 6 y 12 años- y tres personas resultaron lesionadas -entre ellas un adolescente de 17 años de edad- durante un presunto ataque de elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán. El Grupo de Coordinación Michoacán ha reconocido y lamentado este ataque en contra de población civil.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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