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México

En el DF no hay espacio para Uber ni Cabify: taxistas

El gremio de taxistas amaga con elevar sus reclamos, ante lo que califica como una actitud complaciente del gobierno capitalino con Uber y Cabify al no frenar su actividad ilícita de transporte de personas.

El gobierno capitalino podría salir en las próximas dos semanas con una legislación encaminada a regular a los servicios de transporte de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares, pero que aún estará lejos de las regulaciones que se le imponen al servicio tradicional de taxi.

Estas potenciales normas se publicarán en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con lo que entrarán de inmediato en vigor y para favorecer a Uber y Cabify, estimó el gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), quien insistió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a que fije su postura sobre este conflicto.

El gremio de taxistas acusa directamente a las aplicaciones Uber y Cabify de operar su servicio de transporte al margen de la ley en la ciudad de México. Las plataformas digitales han insistido en que ellas proveen la tecnología de contratación del servicio, más no el transporte como tal. Pero que es un problema de percepción legal que hay que definir, comentó la agrupación.

Los taxistas agrupados en TOCDMX aceptaron utilizar algunas aplicaciones digitales para mejorar el servicio que prestan, por lo que desecharon las afirmaciones que los ligan al rechazo de estas apps. En cambio, argumentaron que, básicamente, Uber se aprovecha de ambigüedades en la ley, misma que ha quedado rebasada por los adelantos tecnológicos.

TOCDMX elevó por tanto sus demandas. Esta vez no solicitó la regulación de las operaciones de Cabify y de Uber; esta ocasión exigió el retiro de este servicio de las calles de la ciudad.

Los motivos son varios, dijeron los representantes de TOCDMX en una manifestación realizada frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.

Uber y Cabify, recordaron, operan sin concesión que les permita rodar por las calles y tampoco pagan por el disfrute de otros derechos que, en cambio, representan presiones financieras a los taxistas tradicionales.

“No sabemos qué oscuros intereses hay, pero es evidente que los hay. Antes dijeron que Uber era ilegal y ahora que lo analizan. Están haciendo un traje a la medida (para Uber y Cabify). Y si lo que quieren es que haya un servicio de primera, que nos permitan cobrar el triple de tarifa como Uber, que se nos exente de pagar el derecho de concesión para comprar mejores unidades”, afirmó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

“Si el servicio de taxi está así, es por tres factores y es por la culpa del gobierno: por los costos de la cromática, por el incremento de las tarifas y por la corrupción. Y si esto se permite (con Uber y Cabify), estamos frente a un gobierno protector”, agregó el también líder de la Unión de Taxistas Génesis del Distrito Federal.

El gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aún recopila pruebas para, dado el caso, presentar nuevas denuncias contra Uber y Cabify, quienes, a su parecer, burlan la legislación al imponer sus propias tarifas, facultades exclusivas del gobierno capitalino.

La estrategia de los taxistas se mantiene en el rubro de manifestarse sin afectar a terceros, pero dejaron abierta la posibilidad de elevar el tono de sus acciones ante lo que estiman es un desaire de Miguel Ángel Mancera a su petición de escucharlos.

“Ya tenemos dos denuncias interpuestas y no están dispuestos a recibirnos. Queremos informarles sobre avances, sobre averiguaciones, pero al jefe de Gobierno lo hemos encontrado indiferente. Queremos que se pronuncie y que se pronuncie en un sentido jurídico. No queremos dañar la imagen que se tiene en la ciudad, queremos tener cautela, actuar de manera responsable y creemos en las acciones legales y aún seguimos con las protestas, cuidando que se causen las menores molestias a la ciudadanía”, dijo Daniel Medina.

Van 14 ciudades en las que Uber ha tenido que salir de las calles y aunque en algunas otras la aplicación ha resultado vencedora a los taxistas locales, “en México no podrá”, sentenció el TOCDMX.

Entre sus planes de acción, Uber apuesta a no utilizar los automóviles en los que trabajan los taxistas tradicionales. “Ellos no usan un Tsuru, quieren mínimo un Vento y eso, porque han flexibilizado su servicio en América Latina; hasta en eso tienen su táctica”.

Las pérdidas, según TOCDMX, para lo taxistas por la operación de taxis irregulares y de aplicaciones digitales como Uber o Cabify se cifran en 24 millones de pesos por día, debido a los más de 20,000 taxis piratas que operan en la ciudad de México.

Ginebra le dijo no a Uber, pero Washington D.C. le permitió rodar en las calles de la capital estadounidense. En México sigue en el aire la posibilidad de que Uber y Cabify se fijen en su pavimento.

“Les están haciendo un traje a la medida. Sin carga fiscal. El problema no es la tecnología; el problema es la actividad ilegal y el mal uso que le están dando. Y si los quieren regular de esa manera, vamos a mantener la lucha. No somos Washington y no somos Ginebra, México es un caso diferente. México no necesita a Uber; así, no hay espacio”.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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