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México

En el DF no hay espacio para Uber ni Cabify: taxistas

El gremio de taxistas amaga con elevar sus reclamos, ante lo que califica como una actitud complaciente del gobierno capitalino con Uber y Cabify al no frenar su actividad ilícita de transporte de personas.

El gobierno capitalino podría salir en las próximas dos semanas con una legislación encaminada a regular a los servicios de transporte de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares, pero que aún estará lejos de las regulaciones que se le imponen al servicio tradicional de taxi.

Estas potenciales normas se publicarán en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con lo que entrarán de inmediato en vigor y para favorecer a Uber y Cabify, estimó el gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), quien insistió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a que fije su postura sobre este conflicto.

El gremio de taxistas acusa directamente a las aplicaciones Uber y Cabify de operar su servicio de transporte al margen de la ley en la ciudad de México. Las plataformas digitales han insistido en que ellas proveen la tecnología de contratación del servicio, más no el transporte como tal. Pero que es un problema de percepción legal que hay que definir, comentó la agrupación.

Los taxistas agrupados en TOCDMX aceptaron utilizar algunas aplicaciones digitales para mejorar el servicio que prestan, por lo que desecharon las afirmaciones que los ligan al rechazo de estas apps. En cambio, argumentaron que, básicamente, Uber se aprovecha de ambigüedades en la ley, misma que ha quedado rebasada por los adelantos tecnológicos.

TOCDMX elevó por tanto sus demandas. Esta vez no solicitó la regulación de las operaciones de Cabify y de Uber; esta ocasión exigió el retiro de este servicio de las calles de la ciudad.

Los motivos son varios, dijeron los representantes de TOCDMX en una manifestación realizada frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.

Uber y Cabify, recordaron, operan sin concesión que les permita rodar por las calles y tampoco pagan por el disfrute de otros derechos que, en cambio, representan presiones financieras a los taxistas tradicionales.

“No sabemos qué oscuros intereses hay, pero es evidente que los hay. Antes dijeron que Uber era ilegal y ahora que lo analizan. Están haciendo un traje a la medida (para Uber y Cabify). Y si lo que quieren es que haya un servicio de primera, que nos permitan cobrar el triple de tarifa como Uber, que se nos exente de pagar el derecho de concesión para comprar mejores unidades”, afirmó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

“Si el servicio de taxi está así, es por tres factores y es por la culpa del gobierno: por los costos de la cromática, por el incremento de las tarifas y por la corrupción. Y si esto se permite (con Uber y Cabify), estamos frente a un gobierno protector”, agregó el también líder de la Unión de Taxistas Génesis del Distrito Federal.

El gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aún recopila pruebas para, dado el caso, presentar nuevas denuncias contra Uber y Cabify, quienes, a su parecer, burlan la legislación al imponer sus propias tarifas, facultades exclusivas del gobierno capitalino.

La estrategia de los taxistas se mantiene en el rubro de manifestarse sin afectar a terceros, pero dejaron abierta la posibilidad de elevar el tono de sus acciones ante lo que estiman es un desaire de Miguel Ángel Mancera a su petición de escucharlos.

“Ya tenemos dos denuncias interpuestas y no están dispuestos a recibirnos. Queremos informarles sobre avances, sobre averiguaciones, pero al jefe de Gobierno lo hemos encontrado indiferente. Queremos que se pronuncie y que se pronuncie en un sentido jurídico. No queremos dañar la imagen que se tiene en la ciudad, queremos tener cautela, actuar de manera responsable y creemos en las acciones legales y aún seguimos con las protestas, cuidando que se causen las menores molestias a la ciudadanía”, dijo Daniel Medina.

Van 14 ciudades en las que Uber ha tenido que salir de las calles y aunque en algunas otras la aplicación ha resultado vencedora a los taxistas locales, “en México no podrá”, sentenció el TOCDMX.

Entre sus planes de acción, Uber apuesta a no utilizar los automóviles en los que trabajan los taxistas tradicionales. “Ellos no usan un Tsuru, quieren mínimo un Vento y eso, porque han flexibilizado su servicio en América Latina; hasta en eso tienen su táctica”.

Las pérdidas, según TOCDMX, para lo taxistas por la operación de taxis irregulares y de aplicaciones digitales como Uber o Cabify se cifran en 24 millones de pesos por día, debido a los más de 20,000 taxis piratas que operan en la ciudad de México.

Ginebra le dijo no a Uber, pero Washington D.C. le permitió rodar en las calles de la capital estadounidense. En México sigue en el aire la posibilidad de que Uber y Cabify se fijen en su pavimento.

“Les están haciendo un traje a la medida. Sin carga fiscal. El problema no es la tecnología; el problema es la actividad ilegal y el mal uso que le están dando. Y si los quieren regular de esa manera, vamos a mantener la lucha. No somos Washington y no somos Ginebra, México es un caso diferente. México no necesita a Uber; así, no hay espacio”.

Fuente: El Economista

México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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