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En el DF no hay espacio para Uber ni Cabify: taxistas

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El gremio de taxistas amaga con elevar sus reclamos, ante lo que califica como una actitud complaciente del gobierno capitalino con Uber y Cabify al no frenar su actividad ilícita de transporte de personas.

El gobierno capitalino podría salir en las próximas dos semanas con una legislación encaminada a regular a los servicios de transporte de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares, pero que aún estará lejos de las regulaciones que se le imponen al servicio tradicional de taxi.

Estas potenciales normas se publicarán en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con lo que entrarán de inmediato en vigor y para favorecer a Uber y Cabify, estimó el gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), quien insistió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a que fije su postura sobre este conflicto.

El gremio de taxistas acusa directamente a las aplicaciones Uber y Cabify de operar su servicio de transporte al margen de la ley en la ciudad de México. Las plataformas digitales han insistido en que ellas proveen la tecnología de contratación del servicio, más no el transporte como tal. Pero que es un problema de percepción legal que hay que definir, comentó la agrupación.

Los taxistas agrupados en TOCDMX aceptaron utilizar algunas aplicaciones digitales para mejorar el servicio que prestan, por lo que desecharon las afirmaciones que los ligan al rechazo de estas apps. En cambio, argumentaron que, básicamente, Uber se aprovecha de ambigüedades en la ley, misma que ha quedado rebasada por los adelantos tecnológicos.

TOCDMX elevó por tanto sus demandas. Esta vez no solicitó la regulación de las operaciones de Cabify y de Uber; esta ocasión exigió el retiro de este servicio de las calles de la ciudad.

Los motivos son varios, dijeron los representantes de TOCDMX en una manifestación realizada frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.

Uber y Cabify, recordaron, operan sin concesión que les permita rodar por las calles y tampoco pagan por el disfrute de otros derechos que, en cambio, representan presiones financieras a los taxistas tradicionales.

“No sabemos qué oscuros intereses hay, pero es evidente que los hay. Antes dijeron que Uber era ilegal y ahora que lo analizan. Están haciendo un traje a la medida (para Uber y Cabify). Y si lo que quieren es que haya un servicio de primera, que nos permitan cobrar el triple de tarifa como Uber, que se nos exente de pagar el derecho de concesión para comprar mejores unidades”, afirmó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

“Si el servicio de taxi está así, es por tres factores y es por la culpa del gobierno: por los costos de la cromática, por el incremento de las tarifas y por la corrupción. Y si esto se permite (con Uber y Cabify), estamos frente a un gobierno protector”, agregó el también líder de la Unión de Taxistas Génesis del Distrito Federal.

El gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aún recopila pruebas para, dado el caso, presentar nuevas denuncias contra Uber y Cabify, quienes, a su parecer, burlan la legislación al imponer sus propias tarifas, facultades exclusivas del gobierno capitalino.

La estrategia de los taxistas se mantiene en el rubro de manifestarse sin afectar a terceros, pero dejaron abierta la posibilidad de elevar el tono de sus acciones ante lo que estiman es un desaire de Miguel Ángel Mancera a su petición de escucharlos.

“Ya tenemos dos denuncias interpuestas y no están dispuestos a recibirnos. Queremos informarles sobre avances, sobre averiguaciones, pero al jefe de Gobierno lo hemos encontrado indiferente. Queremos que se pronuncie y que se pronuncie en un sentido jurídico. No queremos dañar la imagen que se tiene en la ciudad, queremos tener cautela, actuar de manera responsable y creemos en las acciones legales y aún seguimos con las protestas, cuidando que se causen las menores molestias a la ciudadanía”, dijo Daniel Medina.

Van 14 ciudades en las que Uber ha tenido que salir de las calles y aunque en algunas otras la aplicación ha resultado vencedora a los taxistas locales, “en México no podrá”, sentenció el TOCDMX.

Entre sus planes de acción, Uber apuesta a no utilizar los automóviles en los que trabajan los taxistas tradicionales. “Ellos no usan un Tsuru, quieren mínimo un Vento y eso, porque han flexibilizado su servicio en América Latina; hasta en eso tienen su táctica”.

Las pérdidas, según TOCDMX, para lo taxistas por la operación de taxis irregulares y de aplicaciones digitales como Uber o Cabify se cifran en 24 millones de pesos por día, debido a los más de 20,000 taxis piratas que operan en la ciudad de México.

Ginebra le dijo no a Uber, pero Washington D.C. le permitió rodar en las calles de la capital estadounidense. En México sigue en el aire la posibilidad de que Uber y Cabify se fijen en su pavimento.

“Les están haciendo un traje a la medida. Sin carga fiscal. El problema no es la tecnología; el problema es la actividad ilegal y el mal uso que le están dando. Y si los quieren regular de esa manera, vamos a mantener la lucha. No somos Washington y no somos Ginebra, México es un caso diferente. México no necesita a Uber; así, no hay espacio”.

Fuente: El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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