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México

En el Senado, 97 tienen sueldo élite; políticos de Morena, PAN y MC, entre ellos

Luego de aplicar el plan de austeridad dentro del Senado de la República, la nómina del órgano legislativo tiene un grupo de élite de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100 mil pesos.

Los salarios asignados van desde 14 mil 587 pesos, el más bajo, hasta 151 mil 33 pesos, el más alto. De la nómina, que se compone de mil 310 empleados, 63 ganan 143 mil 297 pesos como sueldo bruto mensual y nueve cobran 148 mil 549.

Entre esos nueve están activos políticos como Juan Manuel del Río Virgen, de Morena, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.

Hay otro grupo de 32 empleados que gana 143 mil 867 pesos brutos al mes. Entre ellos están los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Pablo Adame Alemán, del PAN.

También se observa a Gilberto Francisco Encinas, excoordinador de campaña de López Obrador en San Luis Potosí, con sueldo de 143 mil 867 pesos; y Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, con 143 mil 867 pesos.

Así de austeros

La nómina del Senado se compone de mil 310 empleados que perciben sueldos brutos mensuales que van desde los 14 mil 587 pesos, hasta:

151 mil 33 pesos, para los secretarios generales de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos.
148 mil 549 pesos, nueve empleados, entre ellos activos políticos.
146 mil 427 pesos, el coordinador del Cuerpo Técnico Profesional.
143 mil 867 pesos, 32 personas adscritas a los grupos parlamentarios.
143 mil 297 pesos, ganan otros 63 trabajadores.
Políticos, parte de élite salarial en el Senado

Pese a las medidas de austeridad, 97 empleados de la Cámara alta ganan entre 100 mil y hasta 151 mil pesos brutos.

Una vez aplicada la austeridad, el Senado se quedó con una élite salarial de 97 empleados con percepciones mensuales de al menos 100 mil pesos brutos, entre ellos 63 que ganan 143 mil 297 al mes y nueve que cobran 148 mil 549 pesos brutos, incluidos activos políticos como Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán, del PAN y Juan Manuel del Río Virgen, de Morena.

De acuerdo con la nómina del Senado, que incluye mil 310 empleados con un sueldo mínimo mensual de 14 mil 587 pesos brutos para sólo tres empleados y un salario máximo mensual de 151 mil 33 pesos para los secretarios generales de servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y Administrativos, Mauricio Farah, hay también un grupo de 32 empleados con un sueldo bruto mensual de 143 mil 867 pesos, que están adscritos a los grupos parlamentarios.

Es en ese listado de salarios de 143 mil 867 pesos brutos mensuales donde se pueden ver los nombres de los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y a Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, mientras que en el grupo de funcionarios del Senado de alto nivel jerárquico está Juan Manuel del Río Virgen, con un ingreso mensual bruto de 148 mil 549 pesos, al ser el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, y a Gerardo Villanueva Albarrán, adscrito a la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos.

Rodolfo Rubén Islas Ramos fue senador suplente de Luis Sánchez, en la LXIII Legislatura; hoy es parte de los trabajadores de grupos parlamentarios que tienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

Con un ingreso mensual de 146 mil 427 pesos está también Sergio Alejandro Durán Álvarez, coordinador del Cuerpo Técnico Profesional y quien fuera parte de la comisión de elección de los candidatos de Morena en el proceso electoral del año pasado.

De igual forma, está Federico Anaya Gallardo, coordinador de la Consultoría Jurídica, quien gana 148 mil 549 pesos brutos mensuales y quien fue abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ayer Excélsior informó que en el área que dirige existen seis empleados que carecen de experiencia profesional en el ámbito del derecho parlamentario, incluso algunos no tienen título, pero son parte de los asesores de los senadores en la materia.

En el grupo de los activos políticos de los diversos partidos políticos representados en el Senado se observa a Gilberto Francisco Encinas Espejel, quien fuera el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, que ahora es parte de los empleados del grupo parlamentario de Morena, donde obtienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

También con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos está José Rodrigo Ávila Carrasco, quien fue el representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); hoy trabaja en la Mesa Directiva. Además, Marcos Alejandro Gil González, quien ha ocupado varios cargos en Morena de la Ciudad de México.

Pero, además de activos partidistas, en el listado del grupo de empleados de altos salarios adscritos a los grupos parlamentarios existen quienes han colaborado de cerca con algunos grupos políticos, como Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, quien obtiene un salario de 143 mil 867 pesos brutos. Él fue el vocero del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, muerto en diciembre pasado.

Y Rodrigo Ávila Barreiro, quien trabajó con Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación y ahora es secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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