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En junio cerrarán definitivamente sus puertas hasta 2 mil 500 locales en centros comerciales

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En junio cerrarán definitivamente sus puertas entre mil 500 y hasta 2 mil 500 locales, que representan entre 9.3 y hasta 18 por ciento de las 14 mil tiendas que operan dentro de centros comerciales, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los arrendadores para el pago de renta y debido a que no han recibido ingresos desde hace casi ocho semanas que permanecen cerrados, alertó la Unión de Retailers de México (URM).

“Estimamos que se cerrarán entre mil 500 y 2 mil 500 tiendas entre junio y julio, lo que representa casi un millón de metros cuadrados que quedarán vacantes, más los que se acumulen en los siguientes meses por los vencimientos de contratos de arriendo de más tiendas que no generen más que pérdidas”, contestó URM.

En México hay más de mil 290 centros comerciales que significan un área abrupta rentable (ABR) superior a los 27 millones de metros cuadrados, de acuerdo con la firma de análisis de Georesearch.

Desde que se dictó la emergencia sanitaria el 31 de marzo, la asistencia a los centros comerciales se desplomó más de 70 por ciento, pues lo único que permanece abierto son los autoservicios y farmacias.

“Prácticamente todas las tiendas ubicadas en los centros comerciales han dejado de operar, y por ende dejaron de recibir ingresos hace ya varias semanas. A nivel general, cualquier cadena de retail cuenta con reservas de capital que solo les permite sobrevivir por unas cuantas semanas sin ingresos”, señaló Jorge Lizán, director general de Lizan Retail Advisors.

‘Comida rápida’ se ‘enfría’
Los restaurantes negocian individualmente con sus arrendadores, pues se trata de franquicias o pequeños emprendedores de la zona, dijo Jorge Yarza, socio de asesoría financiera marketplace México-Centroamérica de Deloitte.

A pesar de que los restaurantes buscan subsistir con el envío a domicilio, solo 15 por ciento de estos negocios lo implementaron, sin embargo, sus ventas no sustentan los gastos que tienen, por lo que incluso 30 mil locatarios ya bajaron cortina indefinidamente, alertó Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Alsea, operadora de Starbucks, Vips, Burger King, entre otras, reportó en abril una caída en ventas de 67 por ciento, y mantiene cerradas 40 por ciento de sus 2 mil 263 puntos de venta, la mayoría de éstas en centros comerciales donde buscó negociar costos.

“Estamos en negociaciones con nuestros propietarios sobre la reducción de alquileres y ya hemos logrado importantes ahorros, llevamos 113 millones de pesos”, adelantó en conferencia con analistas Alberto Torrado, presidente ejecutivo de Alsea.

Por su parte, CMR, operador y dueño de marcas como Sushi Itto, Olive Garden, Red Lobster, entre otros, cerró 58 unidades, 32 por ciento de sus restaurantes, por estar dentro de los centros comerciales.

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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