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México

En la guerra del atún, México vuelve a perder ante EU

Estados Unidos ganó el viernes una batalla legal por el etiquetado de atún «dolphin safe» (libre de delfín) porque los jueces de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desestimaron el argumento de México de que las reglas de etiquetado estadounidenses infringían sus normas.

Más de 10 años después de que la disputa llegó por primera vez a la OMC, en octubre del 2008, la resolución puso fin al reclamo de México de que las normas de etiquetado de Estados Unidos penalizaban injustamente a su industria pesquera.

La disputa gira en torno a la etiqueta «dolphin safe» que se utiliza en el mercado estadounidense para informar a los consumidores de que en el atún en lata comprado con ese precinto no se ha pescado con métodos susceptibles de causar daño a los delfines.

Para conseguir esta etiqueta, EU imponía mayores requisitos al atún procedente de aguas tropicales del Pacífico oriental (donde suelen faenar los pesqueros mexicanos) que en otras zonas del océano, ya que en las primeras suelen nadar juntos los delfines y los atunes, y esto no ocurre en otras latitudes.

El Órgano de Apelación determinó que la etiqueta «dolphin safe» está en línea con las obligaciones de EU ante la OMC, ya que el trato a priori discriminatorio a los productos mexicanos es una excepción admisible a los reglamentos comerciales internacionales, justificada por razones medioambientales y de conservación.

La decisión confirma asimismo la obligación de que México retire las sanciones que había impuesto a Estados Unidos como compensación de las pérdidas causadas por las etiquetas de la discordia (por valor de 163.23 millones de dólares), ya que la OMC determinó que deberían retirarse si sus órganos fallaban en contra de los intereses mexicanos.

El fallo será ahora enviado al Órgano de Solución de Diferencias para su adopción formal en 30 días, y en principio pone punto final a un contencioso que México comenzó en octubre de 2008, cuando ya protestó ante la OMC por la etiqueta «dolphin safe».

La OMC emitió en 2012 y 2015 fallos favorables a los intereses mexicanos, ante lo que EU modificó en 2013 y 2016 sus normas de etiquetado para intentar adaptarlo a la ley internacional, algo que finalmente ha sido aceptado para las condiciones establecidas hace dos años.

Los atuneros mexicanos se han quejado de pérdidas millonarias por las restricciones que durante años les ha impuesto el mercado del país vecino, uno de sus principales destinos y que está valorado en cerca de 700 millones de dólares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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