Del año 2000 a lo que va del 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 107 periodistas asesinados en México, siendo los años 2009 y 2015 los de mayor mortalidad para los trabajadores de medios de comunicación con 12 casos de homicidios.

El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles y de Derechos Humanos del organismo nacional señaló que seis de cada 10 de los homicidios, es decir 58.7%, han ocurrido en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

De los 512 expedientes de queja radicados en la CNDH por diversas agresiones a periodistas, del 1 de enero del 2010 al 30 de noviembre del 2015, 70 de ellas corresponden a asesinatos, 16 son por casos de periodistas desaparecidos del 2005 a la fecha, 17 expedientes por ataques a medios de comunicación.

Tan sólo del año 2005 a la fecha, se han contabilizado 20 casos de desaparición, siendo los años 2010 y 2012 los que reportaron cautro casos respectivamente, tres más en el 2007 y con dos casos en el 2006 y 2011, en tanto el 2005, 2008, 2009, 2013 y 2014 registraron un caso por año respectivamente.

En el año 2010 los atentados a medios de comunicación alcanzaron su máximo, con 10 casos, seguido del año 2012 con nueve, y seguido del 2013 con ocho casos.

De acuerdo con el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, del 2006 al 31 de octubre del 2015, ha recibido 836 quejas, despuntando el 2012 con 100 casos reportados a esta instancia de la CNDH.

A pocos días de que concluya el año, se lleva un registro de 79 casos, 17 menos que los reportados en el 2014, donde se dio cuenta de 96 quejas y nueve más a las contabilizadas en el 2013, con 70 casos.

Por ello la CNDH ha solicitado la aplicación de medidas cautelares 26 veces en los últimos dos años, con 11 casos para el 2014 y 15 más para el presente año.

Detalló que del 2010 al 31 de octubre las autoridades recurrentes señaladas son principalmente la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de Veracruz y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Explicó que en los casos de la Procuraduría General de la República y la fiscalía veracruzana, “en muchos casos son referidas en virtud de que investigan los hechos, sin que necesariamente sean señaladas como presuntas responsables”.

El Economista