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En riesgo elecciones de 2019 por recorte presupuestal: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que estudia la posibilidad de defender jurídicamente las atribuciones del organismo electoral, pues insistió que el recorte a su presupuesto le obstaculiza cumplir con algunas, entre ellas organizar ahora seis elecciones, sumada la de gobernador de Puebla.

«Vamos a analizar con seriedad y con responsabilidad qué podemos hacer, qué no podemos hacer y a qué vías, incluso jurídicas, tendremos que recurrir para poder defender nuestras atribuciones constitucionales», expresó en rueda de prensa en Aguascalientes.

Córdova manifestó su inconformidad con que se haya ajustado el gasto al INE y no se hayan reducido prerrogativas a los partidos. «Lamento mucho que, en esta decisión de recortar, el único ámbito afectado sea el de la operación del INE, porque el monto de los partidos políticos no se tocó ni en un centavo».

Córdova insistió en que el ajuste de casi 900 millones de pesos pondrá en situación crítica al INE en el cumplimiento de sus funciones de ley, como es participar en la organización de las elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y sumó las extraordinarias de gobernador en Puebla, resultado del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso.

«El problema es que no se consultó al INE si el recorte ponía en crisis o no su participación en las elecciones, por un lado, pero, además, los múltiples servicios que el propio Instituto le brinda a las y los ciudadanos», advirtió.

Córdova recordó que además de organizar comicios el INE expedirá cerca de 15 millones de credenciales para votar gratuitas; realizará la fiscalización ordinaria y de los procesos electorales locales; así como el monitoreo de radio y televisión, que gracias a un convenio con la Secretaría de Gobernación, también se brindará como un servicio a otros órganos del Estado para generar ahorros.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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