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En riesgo la industria cinematográfica y más de 40 mil empleos directos

Con la finalidad de apoyar a la industria cinematográfica que ha tenido considerables pérdidas a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoVid-19, el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, realizó un exhorto al Consejo de Salubridad General para que tome en cuenta un estudio realizado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) para que se reconsidere la reapertura inmediata de esta importante industria.

El senador morenista, es su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República, teniendo en cuenta que el cierre de los cines ha significado pérdidas muy significativas para la industria, y más aún, el costo que representa para las empresas mantener la plantilla laboral, solicita se generen los mecanismos para la apertura de las salas.

En ese sentido, a pesar de que las principales cadenas de exhibición cinematográfica del país han hecho todo lo posible para continuar apoyando a sus trabajadores en estos momentos difíciles, de continuar cerrados, están en riesgo más de 40 mil empleos directos de la industria de exhibición y cientos de miles de empleos indirectos que dependen de su subsistencia y pronta reactivación.

El estudio presentado por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en coordinación con la CANACINE, fue desarrollado por expertos, tomando en cuenta la experiencia internacional de los países en los que los cines no cerraron a pesar de la emergencia sanitaria, así? como la experiencia de los países que ya los han reabierto.

El documento destaca una serie de medidas de seguridad e higiene que garantizan un mínimo riesgo de contagio que se complementan con la misma naturaleza y características de la exhibición cinematográfica.

Entre las medidas se encuentran la distancia entre butacas y filas, inclinación tipo “estadio”, así? como el hecho de que los clientes se mantengan en silencio – evitando dispersión de saliva -, sentados en un mismo lugar la mayor parte del tiempo y mirando siempre en una misma dirección, entre otras que hacen que el riesgo de contagio en cines sea mínimo y, ciertamente, mucho menor que el que existe en otras industrias y negocios.

Con miras a la reactivación temprana de sus operaciones se propone que las empresas de exhibición cinematográfica, plantean las medidas y protocolos sanitarios para la protección de clientes y empleados como reducción de aforo al 50 %, sana distancia recomendada por la OMS, señalización para sana distancia en taquillas y dulcerías, programación de horarios para evitar aglomeración.

Además se plantea sanitización exhaustiva entre las que destacan labores de limpieza y sanitización continua de los conjuntos cinematográficos, se tendrá a disposición de clientes y empleados gel hidroalcohólico en diversos lugares de los conjuntos cinematográficos y se habilitarán medios digitales para la compra de boletos

De la misma manera, se dotará a los empleados de uniformes de trabajo, los empleados deberán utilizar, en todo momento, cubre-boca, cofia y, aquellos que se encuentren en puntos de venta y en mayor contacto con los clientes, deberán utilizar careta y guantes.

Por lo que, teniendo en cuenta el alto potencial de éxito de estas y otras medidas, así como protocolos observados en otros países como Estados Unidos y España, el senador morenista exhorta al Consejo de Salubridad General reconsidere la reactivación de esta industria y se generen los lineamientos adecuados para su regreso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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