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Encarcelan a 25 periodistas vinculados con golpe fallido en Turquía

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Un tribunal de Estambul condenó este jueves a varios años de cárcel a más de 20 acusados, en su mayoría periodistas, por tener vínculos con los supuestos responsables del fallido golpe militar.

Entre los condenados está Busra Erdal, antigua redactora del diario «Zaman», el cantante y columnista Attila Tas y el periodista Murat Aksoy, según informó el diario turco Birgün.

El juez absolvió a todos de la sospecha de «golpismo» pero los consideró culpables de «ayudar» o «ser miembros» de la red del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara considera «organización terrorista» y responsabiliza del fallido golpe militar de 2016.

Siete de los inculpados fueron condenados a siete años y medio de cárcel cada uno, mientras que otros trece obtuvieron una pena de 6 años y tres meses cada uno.
Tas y Aksoy, que fueron puestos en libertad provisional en octubre pasado tras 14 meses de prisión preventiva, tienen penas de 3 años y 15 días, el primero, y de 2 años y 1 mes, el segundo.

Los periodistas condenados trabajaban para diversos medios cercanos a la cofradía de Gülen, que también fueron cerrados por las autoridades turcas tras la asonada.

«Respeto la justicia, siempre me he fiado de la justicia. He sido opositor, no he hecho nada más. Si en un país es delito ser opositor, soy culpable», declaró Tas tras ser condenado según cita Birgün. Los demás condenados se declararon inocentes.

Se espera que mañana se reanude el juicio contra veinte colaboradores del diario opositor Cumhuriyet, entre ellos varios directivos, acusados de haber apoyado a diversas organizaciones terroristas, entre ellas la red de Gülen o el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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