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México

Encarcelan a exgobernador Medina en Topo Chico

Tras ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un Juez de Control.
“Ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3,128 millones de pesos, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva, al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado”.
Detalló que el 9 de agosto del 2016, Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3,000 millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.
Ello, durante su gestión al frente del gobierno estatal, en el sexenio 2019-2015.
Aunque en aquella ocasión la Subprocuraduría Anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del estado, pero el Juez de Control consideró que aunque los ilícitos sí existían, no se acreditaba la participación de Medina de la Cruz como inductor, se añadió en un comunicado oficial.
La madrugada de este jueves, tras más de 18 horas de audiencia, la Fiscalía sostuvo que el ex mandatario estatal debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye.
Medina de la Cruz acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado por su defensa, integrada por el ex procurador General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, el abogado penalista Alonso Aguilar Zínser y un grupo de abogados asistentes.
Tras la vinculación a proceso y la solicitud de la Fiscalía para dictar medidas preventivas, el abogado de la defensa presentó un amparo ante la autoridad para evitar las medidas cautelares en su contra, sin embargo, el Juez de Control lo rechazó, al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso.
Con esta nueva vinculación y la formulada el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción buscará acumular ambos procesos para continuar con los tres delitos que se encuentran dentro de la misma carpeta de investigación.
La prisión preventiva para Medina de la Cruz será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se dictó el cierre de la investigación.
En tanto, Alonso Aguiilar Zínser, defensa del ex mandatario estatal, confirmó la medida dictada por el Juez de Control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, la cual dijo, fue violatorio a la suspensión de amparo de la que disponía su cliente.
“Nosotros en este momento, una parte del equipo de defensa, está denunciando la violación de la suspensión ante el Juzgado de Distrito, porque de acuerdo a lo que establece la ley, lo que procede en este momento es que la juez declare la suspensión y tome las medidas necesarias para restituir al licenciado Medina en su libertad”, indicó.
En entrevista a las afueras del penal ubicado al noroeste de la capital regiomontana, subrayó que “la Juez de Distrito no le puso ninguna medida, sólo la obligación de comparecer a la audiencia”, que inició a las 9:00 horas del miércoles y que concluyó con el internamiento a las 3:30 horas de este jueves.
De cumplirse con la suspensión, el imputado tendría que salir de inmediato del penal, toda vez que “la redacción del amparo es clarísima, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz está a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto no se defina la suspensión definitiva y a disposición del juez penal, para la continuación del procedimiento”, sostuvo.
El penalista se dijo sorprendido por la medida en contra de Medina de la Cruz, con “favoritismo a la representación social”, pero aun y con todo, continuarán con la defensa para demostrar la inocencia del ex gobernador.

Notimex

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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