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Encarcelan a exgobernador Medina en Topo Chico

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Tras ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un Juez de Control.
“Ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3,128 millones de pesos, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva, al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado”.
Detalló que el 9 de agosto del 2016, Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3,000 millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.
Ello, durante su gestión al frente del gobierno estatal, en el sexenio 2019-2015.
Aunque en aquella ocasión la Subprocuraduría Anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del estado, pero el Juez de Control consideró que aunque los ilícitos sí existían, no se acreditaba la participación de Medina de la Cruz como inductor, se añadió en un comunicado oficial.
La madrugada de este jueves, tras más de 18 horas de audiencia, la Fiscalía sostuvo que el ex mandatario estatal debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye.
Medina de la Cruz acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado por su defensa, integrada por el ex procurador General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, el abogado penalista Alonso Aguilar Zínser y un grupo de abogados asistentes.
Tras la vinculación a proceso y la solicitud de la Fiscalía para dictar medidas preventivas, el abogado de la defensa presentó un amparo ante la autoridad para evitar las medidas cautelares en su contra, sin embargo, el Juez de Control lo rechazó, al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso.
Con esta nueva vinculación y la formulada el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción buscará acumular ambos procesos para continuar con los tres delitos que se encuentran dentro de la misma carpeta de investigación.
La prisión preventiva para Medina de la Cruz será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se dictó el cierre de la investigación.
En tanto, Alonso Aguiilar Zínser, defensa del ex mandatario estatal, confirmó la medida dictada por el Juez de Control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, la cual dijo, fue violatorio a la suspensión de amparo de la que disponía su cliente.
“Nosotros en este momento, una parte del equipo de defensa, está denunciando la violación de la suspensión ante el Juzgado de Distrito, porque de acuerdo a lo que establece la ley, lo que procede en este momento es que la juez declare la suspensión y tome las medidas necesarias para restituir al licenciado Medina en su libertad”, indicó.
En entrevista a las afueras del penal ubicado al noroeste de la capital regiomontana, subrayó que “la Juez de Distrito no le puso ninguna medida, sólo la obligación de comparecer a la audiencia”, que inició a las 9:00 horas del miércoles y que concluyó con el internamiento a las 3:30 horas de este jueves.
De cumplirse con la suspensión, el imputado tendría que salir de inmediato del penal, toda vez que “la redacción del amparo es clarísima, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz está a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto no se defina la suspensión definitiva y a disposición del juez penal, para la continuación del procedimiento”, sostuvo.
El penalista se dijo sorprendido por la medida en contra de Medina de la Cruz, con “favoritismo a la representación social”, pero aun y con todo, continuarán con la defensa para demostrar la inocencia del ex gobernador.

Notimex

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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