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México

Encienden focos rojos penales de 12 estados; por autogobierno y conductas ilícitas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el análisis de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de los 12 estados con más problemática penitenciaria, para definir los elementos que han generado una situación vulnerable en estos sistemas.

La tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, explicó que en los sistemas penitenciarios se detectaron condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades.

Al presentar el análisis, realizado en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geo Espacial (Centro Geo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), detalló que se trata de los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas.

Aclaró que se trata de las condiciones de los estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria en el periodo 2013-2017.

Por ello, para revertir esta situación, consideró que es necesario contar con infraestructura adecuada y personal capacitado y certificado conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Pública y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.

Villanueva Castilleja aclaró que además en esos centros penitenciarios se reflejan diversos problemas en la dinámica de esas entidades en materia social, económica, política e institucional, entre ellas la relacionada con la “cohesión social”, entendida como la posibilidad de convivir en un entorno armonioso y con acceso a oportunidades.

También se analizaron las “Capacidades Estatales” existentes para garantizar seguridad, desarrollo de políticas públicas, entrega de bienes y servicios públicos.

Al comentar los principales resultados del análisis, el director del Centro Geo, José Ignacio Chapela Castañares, destacó el trabajo de la CNDH en los últimos cinco años para contribuir al mejoramiento de la situación del sistema penitenciario del país.

De esta manera, se hacen aportaciones para atender la parte más vulnerable del sistema de justicia penal, en el que persisten retos como erradicar la sobrepoblación, corrupción y autogobierno, y mejorar las condiciones de internamiento y la alimentación de las personas internas.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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