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México

Encuentran 166 cuerpos en fosas clandestinas de Veracruz

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó que gracias a la investigación realizada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, fueron identificadas y ubicadas fosas clandestinas en la zona centro de la entidad.

En conferencia de prensa, detalló que a través del testimonio de una persona realizado el pasado 8 de agosto, fue localizado el espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados donde habrían sido inhumados de manera clandestina restos humanos.
“El día de hoy supervisé personalmente los trabajos en el área de búsqueda, que por razones de seguridad de las personas que continúan en los trabajos de procesamiento se mantendrá reservado, en donde se han localizado, además de restos humanos, más de 200 prendas, 114 identificaciones, así como diversos accesorios y artefactos personales», destacó.

Aseveró que derivado del análisis antropológico de los hallazgos, ha sido posible determinar que se tratan de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad.

Winckler Ortiz comentó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha solicitado la colaboración de la División Científica de la Policía Federal, para el análisis genético de los restos encontrados y que éstos puedan ser confrontados con la base de datos de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.

Mencionó que ha girado instrucciones a la Dirección General de los Servicios Periciales para que a más tardar la siguiente semana, ponga a disposición de los familiares de personas desaparecidas un catálogo fotográfico de las prendas, accesorios e identificaciones encontradas en las fosas clandestinas.

Exhortó a todas aquellas personas que tienen un familiar desaparecido y que aún no han presentado denuncia, a acercarse a la Fiscalía General, para que puedan tomar muestras para la obtención de sus perfiles genéticos y éstos puedan ser cotejados con los perfiles genéticos de los restos encontrados.

Asimismo, agradeció la disposición de la Policía Federal, a trabajar de manera conjunta y coordinada con autoridades de Veracruz, y agradeció también al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, su apoyo para la adquisición del equipo tecnológico que permitió llevar a cabo las labores de búsqueda de una manera más eficiente y efectiva.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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