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Endurecen regulación a Uber; apps deberán operar con una licencia especial

Para poder prestar sus servicios, este año los conductores de empresas como Uber, Cabify y DiDi deberán de tramitar una nueva licencia y usar tarjetón, además de que ya no podrán cobrar en efectivo, de acuerdo con disposiciones al Reglamento de la Ley de Movilidad publicadas ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Obtener la nueva licencia Tipo E1 no tendrá costo, sólo habrá que acudir, entre mayo y noviembre, a los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), pero será necesario presentar una licencia Tipo A con una antigüedad mínima de tres años, además de un documento que avale que trabajan para alguna de las firmas que operan mediante el uso de aplicaciones móviles.

En los lineamientos, que entran en vigor hoy, se establece que las empresas que ofrezcan este tipo de servicio están obligadas a registrarse ante la Semovi, lo mismo que todas las unidades inscritas en su plataforma, las cuales deberán tener un costo de factura de origen de al menos 250 mil pesos y no exceder los diez años de antigüedad.

Si cumplen con esos requisitos, la Semovi otorgará a cada automotor una Constancia de Registro Vehicular, en tanto que la empresa para la que trabaje deberá proporcionar un tarjetón distintivo.

De acuerdo con el Reglamento, los choferes no podrán recibir pagos en efectivo, ni mediante tarjetas prepagadas o monederos electrónicos, es decir, sólo vía tarjeta de crédito o débito.

También se indica que las unidades que operen en esta modalidad de transporte de pasajeros deberán pasar revista, la cual tendrá un costo de mil 635 pesos, mismos que deberán de ser pagados por las empresas.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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