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Política

Enfrenta Gustavo Madero cargos por fraude

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En 2003, como presidente del Consejo de Administración de una empresa –Electronic Publishing–, el ahora senador y presidente del PAN Gustavo Madero cometió algunos delitos: entonces diputado federal, ganó una licitación para la instalación de softwareen el aeropuerto capitalino, con lo que violó la Ley de Adquisiciones. Luego su firma no cumplió con su parte del trabajo e hizo quedar mal a un empresario con el que se había asociado. Y para acabar: cuando llegaron las sanciones la compañía de Madero no pudo ser localizada.

Tachado de traficante de influencias desde que era diputado federal, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), es un lastre más para la debilitada candidata de su partido a la Presidencia: ahora es acusado también de fraude.

Al dirigente panista lo investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por una denuncia penal en su contra debido a que una de sus empresas –Electronic Publishing, S.A. de C.V.– incumplió con una licitación convocada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, la sanción derivada del incumplimiento nada más se le aplicó a la empresa de su socio en la licitación, el denunciante José González de Cossío de Rozweig, pues Madero Muñoz y otros de sus presuntos cómplices hasta hicieron desaparecer la oficina sede de la empresa en Chihuahua.

Según la averiguación previa FDF/T/T2/011111-12 , la denuncia implica a familiares de Madero y a prominentes empresarios, algunos de los cuales financiaron en 2006 la campaña televisiva que comparaba a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez.

Siempre de acuerdo con la denuncia, la empresa del presidente del PAN no fue capaz de instalar la base de datos de Oracle para operar las plataformas para los aviones, por lo que tampoco se pudo aplicar el software de I Logistics, la empresa de González de Cossío.

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Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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