Conecta con nosotros

México

Enfrentamiento entre policías y normalistas deja 7 heridos en Tixtla, Guerrero

Reportes de medios informan que policías estatales desalojaron a los trabajadores paristas en las sedes del Tribunal Superior de Justicia en Tixtla, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo.

Siete personas resultaron heridas durante un enfrentamiento en Tixtla, Guerrero, entre la policía antimotines y normalistas de Ayotzinapa, quienes acudieron a reforzar el paro que los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la entidad mantenían para exigir mejores salarios.

Reportes de medios informan que policías estatales desalojaron a los trabajadores paristas en las sedes del Tribunal Superior de Justicia en Tixtla, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo.

En Tixtla, normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con palos y piedras a los policías antimotines y recuperaron las instalaciones del tribunal. En Iguala otro grupo de manifestantes también se enfrentó contra las autoridades.

No obstante, el gobierno de Guerrero y el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero afirmaron que la presencia de policías en las instalaciones del Poder Judicial fue para garantizar el acceso del público a los juzgados, por lo que no se trató de un operativo de desalojo.

Trabajadores del propio Poder Judicial de Guerrero mantenían tomado, desde hace 28 días, las instalaciones del órgano jurisdiccional en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Tixtla e Iguala, en demanda del incremento salarial del 35%.

En un comunicado, el gobernador Rogelio Ortega indicó que la acción de recuperación de juzgados se registró de manera coordinada entre el gobierno del estado y el propio Tribunal Superior de Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar los inmuebles.

Puntualizó que el ingreso de la Policía Estatal se realizó por accesos alternos junto con trabajadores del propio TSJG, y sin confrontaciones con los paristas, señala el documento del gobierno del estado.

En tanto, en conferencia realizada en Acapulco, el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, reiteró que la intervención de elementos de la Policía Estatal fue garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los recintos judiciales, luego de tres semanas en un paro laboral y bloqueo de las instalaciones.

También, en conferencia de prensa en Chilpancingo, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, informó que constantemente se insistió al dialogo para resolver las demandas laborales.

Dijo que con el apoyo del gobierno del estado, alrededor de las 07:00 de la mañana se recuperaron los palacios de justicia de Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo, y se abrió acceso alterno para permitir el libre paso a las instalaciones tomadas por trabajadores.

Además de exigir mejoras salariales, los trabajadores que tomaron las sedes del Tribunal Superior de Justicia también han denunciado nepotismo y corrupción por parte de los magistrados.

Fuente: animalpolitico.com

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto