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Enfrentamiento entre grupos rivales deja al menos ocho muertos en Guerrero

Al menos ocho muertos, cinco de ellos calcinados, fue el saldo de un enfrentamiento entre dos grupos armados en el poblado de San Antonio La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, en la colapsada región de Tierra Caliente, indican reportes oficiales.
La masacre se registró durante la madrugada de este miércoles 10, cuando miembros del grupo de autodefensa denominado Movimiento por la paz y la justicia, apoyados por sicarios del grupo delictivo La Familia, irrumpieron en la comunidad considerada como el bastión de Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero.
Enseguida, se desató el enfrentamiento que se prolongó varias horas y dejó tres muertos del grupo de Los Tequileros y cinco víctimas del lado de La Familia y la autodefensa, quienes fueron apilados y quemados en el centro del poblado dominado por el compadre del diputado local priista con licencia, Saúl Beltrán Orozco, señala el reporte oficial.
El vocero del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, informó que tres muertos son originarios de La Gavia y los cincos calcinados forman parte del grupo armado que irrumpió en la comunidad.
A través de un comunicado, el funcionario estatal dijo que las autoridades de los tres niveles tuvieron conocimiento mediante denuncias al teléfono de emergencias 911, que personas armadas a bordo de varias camionetas irrumpieron en La Gavia.
Enseguida, policías estatales y soldados se dirigieron a la zona de conflicto pero no pudieron llegar porque el camino fue obstruido por integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan, vinculada al grupo de La Familia, expresó el funcionario estatal para justificar la inoperancia gubernamental.
Fue hasta las 14:00 horas, casi 12 horas después del enfrentamiento, cuando la guardia comunitaria de San Miguel Totolapan permitió que militares y policías siguieran su curso y al llegar a La Agavia, más autoridades se limitaron a entrevistar a los pobladores para tener información sobre el conflicto.
El hecho exhibe el vacío de autoridad que se vive en la entidad donde la expansión de grupos de autodefensa advierte el recrudecimiento de la violencia en zonas controladas por la delincuencia.

Fuente: Apro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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