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Engañan a paciente en el IMSS, dijeron que le habían extirpado un tumor

El pasado 11 de diciembre, Carlos Olvera González de 69 años, fue operado en el Hospital General de Zona número 98 del IMSS de Coacalco, Estado de México, para extirparle un riñón debido a cálculos renales. Tras la intervención los médicos informaron a la familia que además de retirar el órgano habían extraído un tumor adherido a éste. El procedimiento fue descrito en la hoja del alta médica.

Dos semanas después Carlos empeoró y fue llevado de urgencia el pasado 3 de enero al Centro Médico de La Raza. Los médicos se negaron en un principio a atenderlo argumentando que no le correspondía ese centro médico, fue hasta que la familia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que finalmente fue atendido en el área de urgencias, relata a Animal Político, Adriana Olvera Juárez, hija de Carlos.

Una vez dentro le realizaron una tomografía tridimensional con la que confirmaron que la recaída se debió a que el riñón y el tumor seguían dentro, pues en Coacalco no hicieron más que una biopsia, los médicos no dijeron la verdad sobre la intervención.

El hijo de Carlos regresó a la clínica 98 para solicitar los resultados del procedimiento y conocer la gravedad del problema, pero argumentaron que el personal de patología está de vacaciones.

Carlos murió este viernes 5 de enero. “Un mal diagnóstico para mi padre ha causado daños irreversibles en su salud, ahora presenta una insuficiencia renal grave y los médicos de La Raza nos dicen que no pueden hacer nada hasta no tener los resultados de la biopsia hecha en Coacalco”, relató Adriana poco antes del fallecimiento.

Los médicos dijeron a la familia que el único lugar donde podrían atender el tipo de tumor que presentaba Carlos era en el Centro Médico Siglo XXI, o el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), pues ellos no cuentan con el personal ni los materiales requeridos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dando seguimiento a la queja interpuesta por Adriana ya solicitó al IMSS el expediente de Carlos para analizar el caso.

La familia cuenta con la orden de la cirugía emitida en la clínica 98 del IMSS en Coacalco, donde el diagnóstico era sólo una Nefroctomia, por lo que retirarían un riñón. No se hace mención de un tumor.

Este es el diagnóstico previo a la operación del pasado 11 de diciembre.

En tanto, el IMSS emitió una nota informativa donde dijo que Carlos era atendido en el quinto piso del Centro Médico Nacional La Raza, presentando un tumor aproximado de tres kilos en la zona renal. Establecen que el director general del hospital, el doctor José Arturo Velázquez García, “solicitó el expediente del caso al Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco”.

Sobre si se indagará al médico que realizó el procedimiento, Eugenio Huissan Chi Cherrito o cómo actuará el IMSS sobre el caso aún no hay postura o pronunciamiento.

“Nos engañaron con mi padre, el doctor responsable de la cirugía Eugenio Huissan Chi Cherrito, fue quien supuestamente encontró el tumor y lo extirpó, pero no hizo nada”, sostuvo Adriana.

De acuerdo con documentos de ingreso a La Raza, Carlos permaneció sus últimos días en condición grave; su diagnóstico fue cáncer de retroperitoneo.

“Lo único que pedimos es que le proporcionen atención digna a mi padre. Y que lo canalicen al hospital de especialidades acorde al diagnóstico, en este caso podría ser, según explican, el INCAN”, fue el último intento de Adriana, su hermano y su madre Gloria, para ser escuchados y auxiliados por las autoridades correspondientes, previo a la muerte de Carlos.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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