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Entra Caro Quintero a disputa por Juárez

Rafael Caro Quintero fue identificado por la administración antidrogas de Estados Unidos como uno de los mandos del Cártel de Sinaloa, grupo que disputa esta plaza al de Juárez y al de Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el balance nacional elaborado en octubre pasado por la Administración de Aplicación de leyes Antidrogas de Estados Unidos (DEA, sus siglas en inglés), Caro Quintero comparte el liderazgo de esta organización con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera (detenido) e Ismael “El Mayo” Zambada García, que sigue libre.

“Los líderes del Cártel de Sinaloa operando bajo el ala de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero mantienen jefes de células en Phoenix, Arizona, para supervisar la distribución de drogas ilegales en la región”, dice el reporte, que atribuye a este grupo un control total sobre la frontera de Sonora.

“Los jefes de células también coordinan la transportación de drogas ilegales de Phoenix a varias de las ciudades de Estados Unidos”, agrega el texto, difundido anualmente por la DEA.

El mismo documento establece que en este 2017 hay en esta frontera una mayor presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya actividad en Juárez fue reportada por esta dependencia norteamericana desde 2016.

“CJNG trafica drogas ilícitas a los Estados Unidos por el acceso a varios corredores a lo largo de la frontera suroeste, que incluye Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo”, dice el documento.

“La rápida expansión de sus actividades de narcotráfico se caracterizan por la disposición de la organización para entrar en confrontaciones violentas con las corporaciones mexicanas de seguridad y cárteles rivales. CJNG tiene centros de distribución en Los Ángeles, Nueva York y Atlanta”, agrega.

Caro Quintero, sinaloense y uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, fue detenido en 1985 por el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar, y liberado en agosto de 2013 por lo que el Poder Judicial de la Federación consideró un error procesal.

Tres años después, el anterior fiscal del estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás, advirtió que el legendario capo podría estar “invadiendo” esta entidad, donde hace años operan los cárteles de Sinaloa y Juárez.

“Se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener Chihuahua de uno de los narcotraficantes más conocidos del país, Rafael Caro Quintero”, dijo González Nicolás en julio de 2016.

“Tenemos información de que pretende venir para acá a disputar con el Cártel de Sinaloa parte de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, agregó el funcionario.

El narcotraficante, a su vez, respondió al comentario del exfiscal chihuahuense en una entrevista con la revista Proceso, a la cual declaró no estar participando en ninguna guerra.

“Lo único que busco es paz”, dijo Caro Quintero a Proceso el mismo julio de 2016.

“Tanto lo que ustedes sacaron (Proceso, con relación a la presunta guerra con el cártel), como el fiscal de Chihuahua o el general, es falso, son mentiras. El tiempo me va a dar la razón”, agregó.

Tres grupos en Juárez

Además del CJNG y el de Sinaloa, la DEA advierte que el Cártel de Juárez aún trafica mensualmente varios cientos de kilos de cocaína y toneladas de mariguana a través de esta frontera y, también, en la de Palomas-Columbus y, al este de la entidad, en Ojinaga-Presidio.

“Aun cuando no es tan expansivo como su rival, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez continúa impactando el mercado de consumidores de drogas principalmente en El Paso, Denver, Chicago y la ciudad de Oklahoma”, dice el reporte.

“El Cártel de Juárez trafica principalmente mariguana y cocaína, aunque recientemente se ha expandido a la distribución de heroína y metanfetamina en Estados Unidos. Reportes recientes indican que el cultivo de opio supervisado por el Cártel de Juárez se ha incrementado significativamente en el estado de Chihuahua desde 2013, sobrepasando el cultivo de mariguana en algunas regiones”, agrega el texto.

Como hizo desde su reporte de 2016, la DEA identifica como líderes de esta organización basada en Chihuahua a Carlos Arturo Quintana Quintana, alias “El 80”, así como a Julio César Olivas Torres, alias “Sexto”, y Jesús Salas Aguayo, alias Chuyín y ya detenido.

Las actividades criminales de Quintana Quintana salieron a la luz pública el año pasado, cuando el hoy gobernador Javier Corral Jurado, en campaña electoral, denunció que había recibió amenazas del presunto narcotraficante.

Fuente: Zócalo

Chihuahua

Maru mete el acelerador: casi mil millones para blindar Chihuahua

La gobernadora Maru Campos anunció que este año su administración destinará 927 millones de pesos exclusivamente para fortalecer la seguridad pública en todo el estado, con énfasis en regiones de alta conflictividad como la Sierra Tarahumara. Durante una visita reciente a Guadalupe y Calvo, Campos Galván informó sobre los acuerdos alcanzados con autoridades federales y municipales para reforzar la presencia institucional en esa zona clave.

Acompañada por el general Ibarra y representantes de la 11ª Región Militar, la mandataria detalló que se acordó incrementar el número de elementos desplegados y continuar con una estrategia que atienda no solo los síntomas, sino las causas de la violencia. Según explicó, el esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno busca atacar los factores que originan la actividad delictiva, principalmente en municipios con alta incidencia criminal.

La mandataria urgió a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo a sumarse plenamente a este esfuerzo coordinado, y lamentó que aún no se haya puesto en operación un subcentro Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública, por falta de firma de convenio por parte del municipio. “No todo es cuestión de dinero; también se necesita voluntad política, gestiones y colaboración”, puntualizó.

Campos destacó el respaldo que ha brindado la Secretaría de la Defensa Nacional y reiteró que la seguridad debe estar por encima de diferencias políticas. Recordó que, desde que la presidenta de la República era aún presidenta electa, los gobernadores de oposición pactaron con ella no politizar este tema, compromiso que –dijo– sigue vigente.

La gobernadora confirmó una mayor presencia de fuerzas estatales y del Ejército en Guadalupe y Calvo, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la región serrana, una zona históricamente afectada por el crimen organizado y los conflictos territoriales entre grupos delictivos

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