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México

Entre acusaciones de corrupción, debatirán candidatos a dirigir el PAN

El Partido Acción Nacional invita a sus militantes e interesados a presenciar el debate entre Marko Cortés y Manuel Gómez Morín este miércoles 24 de octubre, a las 8:00 pm, por medio del canal de YouTube del PAN.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo político realizó la invitación, aunque el post lanzado tuvo un «pequeño» detalle, al parecer una confusión en el mes, ya que aparece como «miércoles 24 de agosto», en vez de «octubre».

La moderadora del debate será Elisa Alanís, y se llevará a cabo en la sede nacional del PAN.

Marko Córtes ha heredado la estructura que, para bien o para mal, dejó Ricardo Anaya, y se puede decir que es su discípulo, además cuenta con el apoyo de nueve de los doce gobernadores del PAN, luego que les ha cedido 12 de 43 sitios en el Consejo Nacional y el cincuenta por ciento de las carteras del Comité Ejecutivo.

Además, se dice que el CEN, actualmente en manos de Marcelo Torres Cofiño, estaría operando a favor del ex senador Marko Cortés.

Por su parte Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN, en entrevista con VANGUARDIA consideró al de Coahuila como un panismo “light”, ya que le faltó fuerza al señalar la mega deuda y otras situaciones relativas a procesos electorales pasados, a diferencia, dijo, de la militancia panista en Nuevo León.

Asimismo, Gómez Morín, quien estaría representando al panismo más cercano a los principios de Acción Nacional, señaló que el problema es que hay ciertos grupos ávidos de poder que han encontrado en el PAN una forma de hacer negocios, de hacer dinero y el vehículo que están utilizando es el partido.

Recordemos que a las alianzas que su partido tejió con el PRD y con Movimiento Ciudadano, Gómez Morín las calificó como un error, y ahora lo ratifica: «El PRD que sigue su propia agenda y su propio camino, y a Movimiento Ciudadano, que ganó Jalisco, la alianza con el PAN ya no le interesa».

Este día en una publicación para el diario El Heraldo de México, el periodista de Proceso Álvaro Delgado narra un episodio de corrupción del que fue partícipe Marko Cortés, en el 2011.

En dicha columna, el periodista exhibe al panista que ahora desea dirigir a Acción Nacional, pues lo acusa de recibir con el mayor descaro 70 millones de pesos de empresarios en su natal Michoacán, algo que seguramente será tema del debate el día de mañana y que quizá decida el voto el próximo 11 de noviembre de los más de 280 mil panistas que integran el padrón de militantes.

De cualquier manera, no debemos quitar la vista de Acción Nacional, ya que quizá sea el único contrapeso del poder que ahora tiene Morena, el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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