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México

Entre «La Tuta» y Mireles, gobierno prefirió detener al doctor: abogada

Además de insistir en que tanto la droga como las armas fueron sembradas en la camioneta de José Manuel Mireles, la abogada Talía Vázquez lamentó que las autoridades hayan optado por la detención del doctor que por Servando Gómez, alías «La Tuta».

Además de insistir en que tanto la droga como las armas fueron sembradas en la camioneta de José Manuel Mireles, la abogada Talía Vázquez lamentó que las autoridades hayan optado por la detención del doctor que por Servando Gómez, alías «La Tuta».

Quadratín

De acuerdo con la abogada Talía Vázquez, representante legal del doctor José Manuel Mireles, el gobierno prefirió detener al ex vocero de autodefensas que a Servando Gómez, alías «La Tuta», poniendo especial atención en la toma de La Mira, lugar paso de la Sierra a la Costa michoacana para el líder de Los Caballeros Templarios.

Talía Vázquez denunció que «ante la urgencia del gobierno de decir que está arreglado Michoacán, cuando no está arreglado, logran cooptar líderes, reparten despensas reparten becas, y el doctor Mireles sigue diciendo que no existe el Estado de derecho y que hay extorsiones y cobro de piso».

La defensora de Mireles agregó que en una situación en la que, por un lado está el doctor Mireles, y por el otro «La Tuta», «pues hay que detener a Mireles».

La abogada reconoció que aunque Mireles le «aguantaron algunas cosas», lo que no pudieron tolerar el «tomar La Mira, que es un poblado chiquitito, pero es un paso obligado de ‘La Tuta’ de la Sierra a la Costa».

Una vez que el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, diera a conocer que durante la detención de José Manuel Mireles le fuera encontrada cocaína y mariguana, la abogada aseguró que el ex vocero de las autodefensas no es narcotraficante.

La abogada del doctor Mireles, Talía Vázquez, aseguró que su representado no tiene ninguna adicción, salvo a la insulina, ya que de no aplicarse este medicamento tres veces al día, podría caer en un coma diabético.

En entrevista con el periodista Ricardo Rocha, la abogada Vázquez explicó que al doctor Mireles, de acuerdo con el parte policiaco, le encontraron tres bolsitas con mariguana y una más con cocaína; durante la conferencia de presa, detalló, «ya no sabemos si es un cargamento o una dosis».

A decir de Talía Vázquez, «el objetivo del gobierno es decirnos a la sociedad mexicana que (Servando Gómez) ‘La Tuta’ y el doctor Mireles son iguales». Sin embargo, sostiene que tanto las drogas como las armas fueron sembradas en la camioneta del ex líder de las autodefensas «para poder fincarle delitos».

La defensora explicó que, por las actitudes que Alfredo Castillo tiene, a veces actuando como Ministerio Público, otras como Poder Legislativo, en Michoacán lo conocen como «El Virrey».

Sobre los 30 mil pesos que encontraron en la camioneta de Mireles, Talía Vázquez insistió en que no había tal cantidad en el vehículo, sino que eran 94 mil pesos, pues tiene que pagar un préstamo que solicitó para adquirir una camioneta blindada.

Al preguntar a la abogada Vázquez la razón del cambio de actitud del gobierno para con José Manuel Mireles, la abogada comentó que la relación cambió a raíz del accidente aéreo que sufrió el doctor. «Yo creo que el cálculo era que se iba a morir el doctor, pero no se murió».

Aunque reconoció que hubo protección para con Mireles, ésta duró unos cuantos días.

Finalmente, Vázquez señaló que las autoridades tienen un plazo de 24 horas para explicar por qué no se le estaba suministrando la insulina a José Manuel Mireles.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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