Opinión
Entre risas y pádel: ¿Y estos qué hacen?. Por Caleb Ordóñez Talavera
En México tenemos un don especial para reírnos de nuestras tragedias, especialmente cuando se disfrazan de comedia política. Lo vimos recientemente con Natalia Montaño Ruelas, joven funcionaria de Puerto Vallarta, Jalisco que, en un evento del comediante Franco Escamilla, decidió sincerarse de más ante el público. Entre risas, confesó lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir: que no siempre saben exactamente qué hacen los servidores públicos. El momento fue viral, memeado, parodiado y, como ella misma intentó justificarlo, “un comentario liviano” al aceptar que no sabía lo que hacía, solo “beber mucho” y comer. Pero el fondo del asunto no tiene nada de liviano: retrata una crisis profunda de confianza entre gobernantes y gobernados.

Caleb Ordoñez T.
Porque, seamos honestos, la carcajada colectiva no fue tanto por la ocurrencia, sino por la identificación. ¿Cuántos mexicanos no sienten que muchos funcionarios trabajan más en sus redes sociales que en sus oficinas? Según la encuesta de Transparencia Internacional 2024, el 73% de los mexicanos cree que la mayoría de los servidores públicos son corruptos. El 62% considera que los políticos mienten con frecuencia y apenas el 18% cree que el gobierno escucha realmente a la ciudadanía. Con esos números, no hace falta un monólogo de stand up para entender el hartazgo social.
El problema no es la -mala- broma de Natalia Montaño Ruelas, sino el eco que provocó. Nos reímos porque duele. Y cuando un país se ríe de su desconfianza institucional, es porque ya la normalizó. Esa misma sensación de desconexión se siente cuando vemos a un diputado jugar pádel en horario laboral —sí, Cuauhtémoc Blanco pidiendo que le anoten asistencia como si fuera su obligación ser el “más deportista del congreso”— o cuando funcionarios hacen TikToks con el dinero de los contribuyentes mientras los servicios públicos siguen en ruinas.
Y sin embargo, el fenómeno no distingue colores partidistas. Hay malos ejemplos en todos los partidos: desde los que se creen influencers hasta los que viajan más que un corresponsal de guerra. Pero también existen buenos servidores públicos —los menos visibles, los que no salen en el “Quién es quién de los memes”— que sí trabajan con ética y vocación. El problema es que los honestos no generan clics.
Entonces, ¿qué deben hacer los políticos para recuperar la confianza? Primero, mostrar lo que hacen, no sólo decirlo. La transparencia no es un hashtag, es rendir cuentas con claridad y sencillez. Segundo, volver al contacto humano: caminar las calles, escuchar, resolver. No hay algoritmo que sustituya eso. Y tercero, predicar con el ejemplo: la corrupción no se combate con discursos, sino con coherencia y castigos ejemplares.
Porque si seguimos viendo a las nuevas generaciones de funcionarios como estrellas de reality show, el servicio público seguirá perdiendo su esencia. México necesita atraer a los jóvenes más preparados y honestos, no a los más populares en redes o solo poner a figuras jóvenes en puestos de primerísimo nivel para luego tener que soportar su inexperiencia e ineficiencia . Para lograrlo, se requiere dignificar la política: pagar justamente, capacitar profesionalmente y blindar los cargos contra la tentación del enriquecimiento. Según el INEGI, el 64% de los jóvenes mexicanos desconfía de cualquier institución pública; si no cambiamos eso, seguiremos repitiendo los mismos errores con nuevas caras.
Se trata de pasión y acción enfocada.
La corrupción no es una fatalidad mexicana, es una adicción social que se alimenta del silencio y la impunidad. Mientras un político crea que el poder es un negocio personal, el país seguirá atrapado en el eterno “yo no sabía lo que hacía”. Y es que la ineptitud y la arrogancia del joven inexperto que llega al poder solo por ser promovido por padrinos políticos, se convierte en un imán para convertirle en un monstruo político que solo busca enriquecerse y se embriaga de soberbia.
Reírnos está bien, porque el humor nos salva del cinismo. Pero la risa sin reflexión es anestesia. Si queremos un México distinto, necesitamos funcionarios que trabajen con la misma pasión con la que defienden su imagen en redes. Y sobre todo, ciudadanos que dejen de aplaudir el cinismo con risas y empiecen a exigir resultados con firmeza. La transparencia no se improvisa: se demuestra, se vive y (aunque duela) se fiscaliza. Sólo así podremos volver a confiar en quienes gobiernan y representan a todos.
Opinión
Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.
México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.
¿Por qué Huachicol?
“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera
Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.
Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.
La escoba de Tabasco
Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.
Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.
Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.
El huachicol aprendió a usar corbata
Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.
Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.
Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas
Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.
Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.
Los otros demonios
Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.
López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.
Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.
¿Alguien les pondrá un alto?
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