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México

EPN firma iniciativas para prevenir la desaparición de personas y la tortura

El Presidente Enrique Peña Nieto envió dos iniciativas de ley al Congreso de la Unión que tienen como objetivo dotar de mayores herramientas legales a las instituciones de justicia para investigar los casos de desaparición forzada y tortura.

Se trata de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes.

“De ser aprobadas, por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales,” destacó.

En la ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, planteó que los delitos de desaparición y tortura sean considerados como permanentes por lo que jamás prescriban y se persigan de oficio.
CIUDAD DE MÉXICO.

El Presidente Enrique Peña Nieto envió dos iniciativas de ley al Congreso de la Unión que tienen como objetivo dotar de mayores herramientas legales a las instituciones de justicia para investigar los casos de desaparición forzada y tortura.

Se trata de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes.

“De ser aprobadas, por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales,” destacó.

En la ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, planteó que los delitos de desaparición y tortura sean considerados como permanentes por lo que jamás prescriban y se persigan de oficio.

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Detalló que la propuesta en materia de desaparición permitirá establecer una nueva política pública enfocada en la búsqueda y localización de las personas.

Manifestó que permitirá la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición.

Su objetivo es garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna en las horas siguientes a la desaparición, las más críticas para encontrar o brindar auxilio a las víctimas de este delito, dijo el presidente Peña Nieto.

El segundo elemento de dicha iniciativa es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizables.

El tercer instrumento es el Registro Nacional Forense y el cuarto instrumento se refiere al Consejo Nacional Ciudadano.

Contra tortura

Por su parte, manifestó, la propuesta de Ley General contra la Tortura tiene un objetivo muy claro: erradicar esta práctica, a fin de acabar con esta y otras formas de trato inhumano.

También propuso crear Unidades Especializadas de Investigación.

Así como poner en marcha un Mecanismo Nacional de Prevención, conformado por la propia CNDH y los ombudsman estatales.

También se busca crear el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes.

El Presidente entregó a Consuelo Gloria Morales Elizondo el premio este año por su destacada promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales.

Durante su discursos, Morales dijo a Peña Nieto: “No puedo dejar pasar la ocasión para hablarle a su corazón, señor Presidente, para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia. No sólo a él, sino a ustedes también. Para instarle a que impulse en esta segunda mitad de su sexenio, una agenda (en derechos humanos). Me atrevo a decirle que su legado se juega también en ésta”.

Al respecto, el primer mandatario respondió la hermana Consuelo: “Yo parto, primero, de esta misma convicción, del compromiso firme y decidido que tiene el Estado mexicano, realmente por ir construyendo una sociedad que respete la dignidad de las personas y los derechos humanos. Y esta tarea no sólo, debo decirlo, le ocupa al Presidente.

“Sin duda, el Presidente es responsable de darle cauce (al tema de derechos humanos), de inducirlo, pero lo más importante es que logremos hacer converger los esfuerzos de la sociedad organizada, de las instituciones del Estado mexicano, de las instituciones que tiene el Estado en su totalidad, para que realmente hagamos un frente común.

“No partamos de la desconfianza. Partamos de lograr entre nosotros una mayor confianza, una apertura, una mayor transparencia”, dijo.

“Extravíos dasafían capacidad del Estado”

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, aseveró que el problema de las desapariciones en México desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado.

Durante la ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 dijo que aun cuando es innegable que nuestro país ha realizado grandes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, lo cierto es que la agenda nacional en materia de derechos humanos registra múltiples pendientes y desafíos que demandan su atención urgente, entre los cuales se encuentran las cuestiones relativas a las desapariciones, así como a la protección de niñas, niños y adolescentes.

“El problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente”, aseveró.

Lamentó que aún no se pueda contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales que nos permitan distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia o respondan a otras causas.

Fuente Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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