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México

EPN no dará tregua al narco: Óscar Naranjo

El ex titular de la Policía Nacional de Colombia, considerado el Mejor Policía del Mundo, general Óscar Naranjo Trujillo, se dijo ayer plenamente convencido de “las profundas convicciones de Enrique Peña Nieto” en la lucha contra los cárteles de la droga y de que en el próximo gobierno “no habrá ni treguas ni pactos con el narcotráfico”.

El famoso policía, cuya designación como asesor en materia de Seguridad en el próximo gobierno fue anunciada por el virtual Presidente desde la campaña electoral, añadió:

“Como nuevo consultor de gobierno de México afirmo que la solución del problema mexicano tiene que estar en manos de mexicanos. Lo digo con el mayor de los respetos”.

Y añadió:

“El diseño de la política y de la arquitectura institucional para operar contra el crimen es una decisión exclusivamente (de los mexicanos) que, desde luego, podrá nutrirse de otras fuentes para llegar a las mejores conclusiones”.

El general Naranjo dio ayer en Washington  una entrevista colectiva a corresponsales de medios de información mexicanos y dijo que la aceptación de su responsabilidad en el gobierno de Peña Nieto fue “una decisión de vida”.

“Después de haber sido 36 años policía en mi país y de haber participado sin tregua ni pausa contra el crimen transnacional, yo no habría dado este paso si tuviera el menor asomo de duda” respecto a que ya en el gobierno el ahora candidato triunfante en las elecciones combatirá, sin tregua ni pausa, a los cárteles de la droga.

Según Naranjo, la guerra contra el narcotráfico en México es ganable, “con la decisión del nuevo gobierno, con los antecedentes del gobierno del presidente Calderón, que ha hecho una tarea gigantesca”.

“Cuando le he dicho al señor presidente electo (…) que me vinculo como su asesor, lo he hecho sobre la convicción de que él tiene también unas profundas convicciones de que no habrá, como él lo ha dicho repetidamente, ni treguas ni pactos con el narco”, expresó.

Dijo que se siente “feliz de que amigos mexicanos me vayan a acoger” en ese país, y explicó además que su papel tendrá un carácter de naturaleza global como asesor del gobierno de México, pero también de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que le ha contratado como su asesor de seguridad ciudadana.

Señaló que aún no ha hecho contacto con el equipo de transición del virtual presidente electo y se pronunció porque México reinvente su respuesta al narcotráfico y dé más voz a la ciudadanía.

Luchar contra la delincuencia “ya no es sólo un asunto de policías y jueces”, implica “valores democráticos” y “más sinergia a través de la sociedad”, expresó, y añadió: “Ha llegado la hora de ahogar la voz de los victimarios para darle la voz a los ciudadanos”.

Recomendó combinar la política nacional con las alianzas internacionales, pues “a un fenómeno trasnacional se le enfrenta con una estrategia trasnacional”. Luego agregó: “Ningún país de manera insular y aislada puede obtener victorias ni tempranas ni definitivas” en la lucha contra el narcotráfico.

“No sólo Estados Unidos, sino el mundo entero debe aliarse con México para ayudarle a superar el reto del crimen trasnacional”, abundó.

Condecorado por la Asociación Internacional de Jefes Policiacos como Mejor Policía del Mundo, Naranjo precisó que la asesoría que dará se basará en su creencia de que hay que romper el  paradigma de que la seguridad es sólo “un asunto de policías contra delincuentes”, pues debe implicar “valores democráticos”, como el fortalecimiento de las instituciones.

“Probablemente el más grande desafío para México y los países del continente sea instalar la política de seguridad como una política de Estado no sujeta a (cambios de) gobiernos”, dijo.

El ex jefe policial estimó que es “un error” hacer paralelismos entre la situación que se vivió en Colombia en décadas pasadas con los cárteles, con la actualidad mexicana; pero también “sería un error desconocer lecciones aprendidas y no aplicarlas”

El jefe policiaco dijo que hasta ahora no ha entregado a Peña Nieto ningún documento a manera de propuesta para plantear una nueva estrategia.

Aseguró que las propuestas que han recogido medios internacionales, por ejemplo la supuesta creación de grupos de choques, “no figura en ningún documento o expresión directa de mi parte ofreciendo propuestas a México”.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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