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México

Equipo de AMLO prepara borrador de la ley de amnistía

El ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, presentará este viernes una propuesta para pacificar el país sin disparar más balas, dijo Olga Sánchez, quien sería la próxima secretaria de Gobernación.

La propuesta incluye no sólo una polémica ley de amnistía para perdonar a los bajos rangos del mundo criminal, sino además una ley personalizada de reducción de condenas para quienes den información que permita capturar a los capos y despenalización de marihuana y amapola, base para la elaboración de la heroína que inunda Estados Unidos.

«No sólo va a ser amnistía, va a ser una ley de reducción de penas, vamos a proponer la despenalización, crear comisiones de la verdad, vamos a atacar las causas de la pobreza, vamos a darle becas a los chicos y vamos a trabajar en el campo para poderlos sacar del tema de la droga», dijo Sánchez.

«Es una política pública integral», agregó la destacada jurista de 63 años. «O se pacifica el país o se pacifica el país».

En 2006, ante la enraizada corrupción de las corporaciones policíacas, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó al ejército salir a las calles a combatir la delincuencia, pero tras 12 años, los cárteles de la droga se han fragmentado y fortalecido, en una lucha que ha dejado unos 160 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.

López Obrador, conocido como AMLO y quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre tras arrasar en las presidenciales del domingo, ha propuesto un enfoque distinto para acabar con una guerra que le hizo perder al país un 21 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, según cálculos privados.

Un equipo, con Sánchez a la cabeza, presentará el viernes a AMLO un borrador de la ley de amnistía para su revisión. Una vez aprobado, se realizará una consulta popular antes de llevarlo al Congreso, donde sus aliados tienen mayoría, dijo Sánchez.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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