Chihuahua

Eran polleros los ejecutados en la carretera a Juárez: FGE

Agrupaciones dedicadas al crimen organizado mantienen una disputa en el territorio estatal por el tráfico de migrantes, en la que se enmarca el asesinato de cuatro personas originarias del estado de Puebla, ocurrido el pasado 26 de octubre, debido a que se dedicaban al tráfico de personas que traían desde el sur del país para ayudarles a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Así lo estableció el fiscal general, Roberto Fierro, quien detalló que se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos, luego de que estas personas fueran localizadas a la altura del kilómetro 72 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez y trascendió que habían sido levantadas la noche anterior en una vivienda de la capital del estado.

En este sentido, manifestó que Chihuahua atraviesa por un complejo fenómeno migratorio en el que, las organizaciones criminales se han inmiscuido, pues se han dado cuenta de que es una actividad altamente lucrativa. Además, como en el caso de las cuatro personas de origen poblano, hay varias que provienen de otros estados del país y que mueven gente desde la frontera sur, éstos al ser detectados por las organizaciones delictivas que operan en Chihuahua son asesinados.

“No podemos tapar el sol con un dedo, el fenómeno migratorio representa cuantiosas ganancias para los grupos criminales y están migrando a esa actividad”, expuso el fiscal. En tanto, el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, dijo que tienen identificado que los polleros cobran entre 10 mil y 15 mil dólares a los migrantes, lo que constituye un ingreso considerable para las organizaciones delictivas y es por eso que este fenómeno se ha recrudecido en la entidad.

De acuerdo con los informes de seguridad que tienen las corporaciones estatales, las ganancias que deja el tráfico de personas a los grupos del crimen organizado es elevada y se ha constituido como la principal fuente de ingresos para estas organizaciones, expuso el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Dijo que, se tiene identificadas a las dos principales pandillas que operan en Ciudad Juárez, como las principales organizaciones en el tráfico de personas, pues dicha actividad les permite financiar otras conductas delictivas.

Fuente: El diario

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Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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