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Ernestina Godoy: ¿Renacimiento de la FGR? Por Caleb Ordóñez T.

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Hay figuras políticas que nacen del poder; otras, en cambio, se convierten en símbolo de un proyecto porque encarnan su narrativa, sus tensiones y sus aspiraciones. Ernestina Godoy pertenece a esta segunda categoría. No es solo la nueva fiscal general de la República: es, para bien o para mal, el punto de inflexión con el que Claudia Sheinbaum pretende diferenciar su movimiento del lopezobradorismo original. Si Gertz Manero representó la era de la confrontación y los expedientes cruzados, Godoy es presentada como el relevo institucional que promete un rostro más técnico, más austero, más femenino y más cercano al discurso de gobernabilidad que Sheinbaum intenta consolidar.

Godoy se ha convertido en la pieza clave para explicar qué significa hoy el “movimiento sheinbaumista”: un reacomodo, no una ruptura; una continuidad, pero con nuevas reglas. Y aunque la narrativa es seductora, la transición no será sencilla.

Los positivos: técnica, autonomía discursiva y una visión de derechos. Y negativos desde la oposición.

Durante su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy logró algo que muy pocos fiscales capitalinos pueden presumir: mantener una línea estratégica clara. Apostó por fortalecer la investigación de delitos de alto impacto, integró unidades especializadas contra feminicidios y trató —con resultados razonables— de profesionalizar procesos que históricamente habían dependido de “jefes de grupo” más que de criterios técnicos.

Uno de los mayores méritos, mencionado incluso por adversarios, fue su impulso a modelos de investigación con perspectiva de género. En una Ciudad de México donde las cifras de violencia contra mujeres son siempre tema de escrutinio, el trabajo de la fiscalía local avanzó en homologar protocolos y fortalecer equipos periciales. No fue perfecto, pero sí un paso tangible.

Además, Godoy ha sido descrita como una funcionaria metódica, con capacidad de escucha y, sobre todo, sin los rasgos de protagonismo que caracterizaron a su antecesor. Ella representa, para el círculo cercano de Sheinbaum, la oportunidad de que la FGR deje de ser un actor político reactivo y se convierta en un órgano de Estado que genere estabilidad, en lugar de tormentas.

Sin embargo, los cuestionamientos también están ahí. Críticos —incluidos algunos dentro de Morena— señalan que Godoy no logró despejar las dudas sobre el uso político de la fiscalía capitalina, donde casos como el del Cártel Inmobiliario fueron interpretados por la oposición como expedientes construidos a conveniencia. Aunque la fiscalía presentó pruebas y defendió procedimientos, la percepción quedó instalada.

Esa percepción la acompañará ahora a nivel nacional. Será imposible evitar que cada decisión de la FGR sea evaluada no solo por su mérito jurídico, sino por el lugar que ocupa dentro del tablero político del nuevo gobierno.

Hay otro punto clave: su cercanía con Sheinbaum. Para unos es una fortaleza —“habrá coordinación institucional”—; para otros, un riesgo —“será una fiscalía alineada al Ejecutivo”—. Godoy deberá demostrar, con hechos y expedientes bien armados, que su lealtad principal es hacia el Estado, no hacia el movimiento que la respalda.

Godoy recibe una FGR con fracturas internas, rezago, pugnas sindicales y una reputación erosionada por la figura dominante y a veces errática de Alejandro Gertz Manero. Tres retos son ineludibles:

1. Reestructurar la institución: las áreas técnicas y periciales requieren inversión, capacitación y procesos estandarizados. No basta con cambiar el discurso; hay que cambiar la maquinaria.

2. Despresurizar los expedientes pendientes: desde casos de alto impacto político hasta las investigaciones que Gertz dejó abiertas o detenidas. Godoy deberá demostrar que no habrá “venganzas heredadas”, pero tampoco carpetazos.

3. Recuperar credibilidad pública: esto implica comunicar mejor, transparentar procesos y explicar decisiones. La FGR no puede seguir siendo un búnker hermético.

¿Por qué será diferente a Gertz Manero?

La diferencia principal no será jurídica sino de estilo. Gertz construyó una fiscalía personalista, vertical, dependiente de su voluntad. Godoy, por el contrario, opera desde la lógica del método, no del temperamento. No busca el reflector, sino el procedimiento. No habla para agitar, sino para justificar.

Además, Sheinbaum la necesita como símbolo de moderación y profesionalismo, no como arma política. Si Gertz incomodaba al régimen con sus pleitos, Godoy está llamada a darle al gobierno un rostro institucional que genere menos fuego cruzado y más estabilidad.

Claro: ser “diferente” no garantiza ser mejor. Dependerá de su capacidad de tomar distancia, incluso del poder que la nombró.

Ernestina Godoy llega con el beneficio de una segunda oportunidad para la FGR. México ya probó lo que ocurre cuando una institución tan poderosa se encierra en sí misma y responde a impulsos personales. Ahora se abre la posibilidad de un modelo más profesional, más predecible y más orientado al Estado que al individuo.

El reto es monumental, pero también inevitable: si la fiscalía fracasa, lo hará el proyecto de justicia de todo el país. Pero si Godoy logra reconstruirla con rigor y autonomía, no solo será distinta a Gertz Manero; será la primera fiscal en décadas que transforme la institución desde la inteligencia, no desde el miedo.

Y quizá entonces, por primera vez, la FGR pueda dejar de ser un campo de batalla y convertirse en lo que México lleva años esperando: un verdadero instrumento de justicia. Una nueva dinámica está por comenzar, y esta vez, el país no está para desperdiciarla.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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