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Opinión

Ernestina Godoy: ¿Renacimiento de la FGR? Por Caleb Ordóñez T.

Hay figuras políticas que nacen del poder; otras, en cambio, se convierten en símbolo de un proyecto porque encarnan su narrativa, sus tensiones y sus aspiraciones. Ernestina Godoy pertenece a esta segunda categoría. No es solo la nueva fiscal general de la República: es, para bien o para mal, el punto de inflexión con el que Claudia Sheinbaum pretende diferenciar su movimiento del lopezobradorismo original. Si Gertz Manero representó la era de la confrontación y los expedientes cruzados, Godoy es presentada como el relevo institucional que promete un rostro más técnico, más austero, más femenino y más cercano al discurso de gobernabilidad que Sheinbaum intenta consolidar.

Godoy se ha convertido en la pieza clave para explicar qué significa hoy el “movimiento sheinbaumista”: un reacomodo, no una ruptura; una continuidad, pero con nuevas reglas. Y aunque la narrativa es seductora, la transición no será sencilla.

Los positivos: técnica, autonomía discursiva y una visión de derechos. Y negativos desde la oposición.

Durante su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy logró algo que muy pocos fiscales capitalinos pueden presumir: mantener una línea estratégica clara. Apostó por fortalecer la investigación de delitos de alto impacto, integró unidades especializadas contra feminicidios y trató —con resultados razonables— de profesionalizar procesos que históricamente habían dependido de “jefes de grupo” más que de criterios técnicos.

Uno de los mayores méritos, mencionado incluso por adversarios, fue su impulso a modelos de investigación con perspectiva de género. En una Ciudad de México donde las cifras de violencia contra mujeres son siempre tema de escrutinio, el trabajo de la fiscalía local avanzó en homologar protocolos y fortalecer equipos periciales. No fue perfecto, pero sí un paso tangible.

Además, Godoy ha sido descrita como una funcionaria metódica, con capacidad de escucha y, sobre todo, sin los rasgos de protagonismo que caracterizaron a su antecesor. Ella representa, para el círculo cercano de Sheinbaum, la oportunidad de que la FGR deje de ser un actor político reactivo y se convierta en un órgano de Estado que genere estabilidad, en lugar de tormentas.

Sin embargo, los cuestionamientos también están ahí. Críticos —incluidos algunos dentro de Morena— señalan que Godoy no logró despejar las dudas sobre el uso político de la fiscalía capitalina, donde casos como el del Cártel Inmobiliario fueron interpretados por la oposición como expedientes construidos a conveniencia. Aunque la fiscalía presentó pruebas y defendió procedimientos, la percepción quedó instalada.

Esa percepción la acompañará ahora a nivel nacional. Será imposible evitar que cada decisión de la FGR sea evaluada no solo por su mérito jurídico, sino por el lugar que ocupa dentro del tablero político del nuevo gobierno.

Hay otro punto clave: su cercanía con Sheinbaum. Para unos es una fortaleza —“habrá coordinación institucional”—; para otros, un riesgo —“será una fiscalía alineada al Ejecutivo”—. Godoy deberá demostrar, con hechos y expedientes bien armados, que su lealtad principal es hacia el Estado, no hacia el movimiento que la respalda.

Godoy recibe una FGR con fracturas internas, rezago, pugnas sindicales y una reputación erosionada por la figura dominante y a veces errática de Alejandro Gertz Manero. Tres retos son ineludibles:

1. Reestructurar la institución: las áreas técnicas y periciales requieren inversión, capacitación y procesos estandarizados. No basta con cambiar el discurso; hay que cambiar la maquinaria.

2. Despresurizar los expedientes pendientes: desde casos de alto impacto político hasta las investigaciones que Gertz dejó abiertas o detenidas. Godoy deberá demostrar que no habrá “venganzas heredadas”, pero tampoco carpetazos.

3. Recuperar credibilidad pública: esto implica comunicar mejor, transparentar procesos y explicar decisiones. La FGR no puede seguir siendo un búnker hermético.

¿Por qué será diferente a Gertz Manero?

La diferencia principal no será jurídica sino de estilo. Gertz construyó una fiscalía personalista, vertical, dependiente de su voluntad. Godoy, por el contrario, opera desde la lógica del método, no del temperamento. No busca el reflector, sino el procedimiento. No habla para agitar, sino para justificar.

Además, Sheinbaum la necesita como símbolo de moderación y profesionalismo, no como arma política. Si Gertz incomodaba al régimen con sus pleitos, Godoy está llamada a darle al gobierno un rostro institucional que genere menos fuego cruzado y más estabilidad.

Claro: ser “diferente” no garantiza ser mejor. Dependerá de su capacidad de tomar distancia, incluso del poder que la nombró.

Ernestina Godoy llega con el beneficio de una segunda oportunidad para la FGR. México ya probó lo que ocurre cuando una institución tan poderosa se encierra en sí misma y responde a impulsos personales. Ahora se abre la posibilidad de un modelo más profesional, más predecible y más orientado al Estado que al individuo.

El reto es monumental, pero también inevitable: si la fiscalía fracasa, lo hará el proyecto de justicia de todo el país. Pero si Godoy logra reconstruirla con rigor y autonomía, no solo será distinta a Gertz Manero; será la primera fiscal en décadas que transforme la institución desde la inteligencia, no desde el miedo.

Y quizá entonces, por primera vez, la FGR pueda dejar de ser un campo de batalla y convertirse en lo que México lleva años esperando: un verdadero instrumento de justicia. Una nueva dinámica está por comenzar, y esta vez, el país no está para desperdiciarla.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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