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México

Error de la SRE evita extradición de «El Marrufo»

José Antonio Torres Marrufo, El Marrufo o El Jaguar obtuvo un amparo en contra de la orden de extradición, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) omitió notificar a las autoridades penitenciarias y al procesado en el momento en que se concedió su traslado a Estados Unidos.

El Marrufo es señalado por el Gobierno estadounidense como el líder de los Escuadrones de la Muerte, grupo armado del Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien enfrenta seis cargos en el Unión Americana, como delitos contra la salud, asociación delictuosa, secuestro, homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través del juicio de amparo 265/2014 presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, El Jaguar presentó diversos alegatos sobre violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, a una defensa adecuada, entre otros, y al igual que El Chapo dijo temer por su vida al ser trasladado, ya que en Texas, donde tiene la acusación, se aplica la pena de muerte.

Sin embargo, ninguna de estos alegatos fueron admitidos por la juez Luz María Ortega Tlapa, quien le negó y sobreseyó el amparo por estos motivos, sin embargo, reconoció las omisiones de la SRE sobre la notificación de la situación legal del extraditable, y el tiempo que ya ha paso sin que se concretara el traslado.

“En tales circunstancias la justicia de la unión ampara y protege al quejoso contra el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil trece, por el que se concede al Gobierno de los Estados Unidos de América la extradición internacional del quejoso, para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito, del Distrito Oeste de Texas, de los Estados Unidos de América…”, dice en el resolutivo de sentencia.

Por ello, el juez de la causa ordenó que se deje insubsistente la totalidad del acuerdo del cinco de diciembre del 2013 en el que se concedió la extradición del quejoso, por ello, se debe proceder a dictar un nueva resolución, subsanando las deficiencias marcadas, y por las que se le concedió el amparo a El Marrufo.

“Asimismo deberá proveer de manera fundada y motivada respecto a la temporalidad de la entrega del quejoso al Estado requirente. Protección de la justicia federal que se hace extensiva respecto de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Procurador General de la República y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Tres “Noreste”, consistentes en el cumplimiento del acuerdo de extradición…”, ordenó el juez de amparo.

Por su parte la SRE interpuso un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal colegiado quien determinará si ratifica, modifica o revoca la sentencia.

El Jaguar fue detenido en México en febrero de 2012; la solicitud de extradición en su contra se formalizó el 23 de mayo de 2012, a través del área diplomática del gobierno de Estados Unidos en México y la misma fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 5 de diciembre de 2013.

Fuente: 24 Horas

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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