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México

Es José Ramón Amieva nuevo jefe de Gobierno de la CDMX

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDLF) avaló la designación de José Ramón Amieva como titular sustituto de la jefatura de Gobierno tras la salida de Miguel Ángel Mancera.

Luego de votar el dictamen para designarlo como titular de la administración capitalina por 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el diputado del PRD, Iván Texta Solís, presidente de la Mesa Directiva, procedió a tomarle la protesta de ley.

Amieva sustituye a Miguel Ángel Mancera, quien dejó el cargo para hacer campaña en pro del Frente por México, que tiene como candidato a Miguel Ángel Mancera.

En su primer mensaje, como mandatario capitalino sustituto dijo que no intervendrá en el proceso electoral y que “candidatas y candidatos deben tener la seguridad que como gobierno mantenemos el principio de neutralidad en elecciones, como garantía de respeto a las decisiones de todas y todos”.

Aseguró que en 32 años como funcionario en la Ciudad de México, estará al pendiente de temas como seguridad pública y servicios como agua y la reconstrucción.

Amieva, quien previamente era secretario de Gobierno de la capital, es originario de Hidalgo y tiene estudios de Derecho por la Universidad del Valle de México, una maestría en Administración Pública y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Marista.

Al inicio de la actual administración se desempeñó como Consejero Jurídico de la Ciudad de México, y luego en julio de 2015 fue nombrado secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta febrero de 2018, cuando llegó a la secretaría de Gobierno, en donde sólo estuvo un par de meses.

Partidos piden que se mantenga al margen del proceso electoral
Al dar su posicionamiento, el coordinador de Morena, César Cravioto, dijo que espera que Amieva deje las puertas abiertas a todos los partidos para dialogar y no como Miguel Ángel Mancera; también le exigió garantizar que ni funcionarios ni trabajadores intervengan en las elecciones.

En su oportunidad, el perredista Mauricio Toledo aseguró que está garantizado que los programas sociales no se utilizarán para ganar votos, pues el propio Amieva transparentó su uso, y no como en la administración de la ahora morenista Rosa Icela Rodríguez quien al frente de la Secretaría de Desarrollo Social nunca dio a conocer como entregó los recursos de los programas sociales ni los beneficiarios.

En representación del PRI y el PVEM, Fernando Zárate, sostuvo que Mancera se fue incumpliendo su palabra, al no concluir su gestión de seis años, como se comprometió en su momento.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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