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México

Es un honor que me demande el hombre más corrupto del país: Anaya

El candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, dijo que era un «honor» ser demandado por difamación por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien calificó como «uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país».

“Por cierto, me parece muy curioso que al que no demande es a (Andrés Manuel) López Obrador. Habría que recordar aquellos años, el secretario de Trabajo de Duarte, en donde estaba haciendo trabajo político a favor, justamente, del candidato de Morena, de Cuitláhuac (García)”, añadió.

En su conferencia mañanera, Anaya Cortés insistió “para mí es un honor que me demande Duarte, me parece muy sospechoso que al que nunca critica es a López Obrador”.

El exgobernador, actualmente preso, lo demandó por difamación luego de que el candidato presidencial lo señaló por presuntamente hacer declaraciones falsas en el primer debate y donde lo señaló de aplicar a niños con cáncer tratamientos falsos.

Anaya Cortés también ratificó su compromiso con la reforma educativa y dijo que López Obrador, con su idea de cancelar por completo la reforma educativa, “en el fondo lo que pretende es, privatizar la educación, al entregársela a grupos de interés que son ajenos al bien común, ajenos al compromiso con la calidad educativa y el futuro de las nuevas generaciones”.

Refirió que la semana pasada asistió al ‘Foro 10 x la Educación’ “ahí expuse mis compromisos en este tema, me parece verdaderamente lamentable que López Obrador no haya asistido, pero más lamentable aún, que haya pretendido engaña a la sociedad civil, con respuestas que envió por escrito, pero que después contradijo el sábado pasado en Oaxaca. López Obrador no ofrece un mejor futuro para las niñas y para los niños”, resaltó.

“Nosotros sí, de la mano de las maestras y de los maestros, y de la mano de los padres de familia, la educación en México será de la mejores de todo el mundo”, prometió.

Sobre las encuestas que lo colocan muy por debajo de López Obrador y con una diferencia de entre cinco y siete puntos arriba de José Antonio Meade, Anaya Cortés señaló que “ya empezó la guerra de las encuestas, los datos son francamente contradictorios entre una casa encuestadora y la otra. Nosotros vamos a seguir trabajando, concentrados, convencidos de que el 1 de julio vamos a ganar de manera contundente la elección”.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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