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Escándalo entre Marines de Estados Unidos por fotos de compañeras desnudas

El comandante general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, general Robert B. Neller, admitió anoche que la fuerza militar que comanda depende de la “confianza y el respeto”, en pleno escándalo por la difusión entre militares de fotos de sus compañeras desnudas, sin su consentimiento.
Un condecorado sargento, veterano de Irak y Afganistán, Thomas James Brennan, reveló el sábado en su sitio web de información sobre asuntos militares la existencia de numerosas imágenes de mujeres del Cuerpo de Marines que fueron fotografiadas desnudas y que fueron difundidas en Facebook sin su consentimiento.
Según la versión oficial, los Marines investigan las denuncias sobre la implicación de un “indeterminado número” de marines en activo y veteranos en la distribución en una red social de imágenes de compañeras desnudas y también de otras mujeres, y donde además se promueve la violencia sexual.
Según recoge la revista Marines Corps Times, “las explosivas revelaciones” no sólo pueden afectar a centenares de militares, sino que además se han producido amenazas de muerte en las redes sociales contra Brennan, quien ha difundido la información, y contra su familia.
La respuesta hoy, a través de su cuenta en Twitter, del comandante de los Marines estadounidenses ocurre cuando el escándalo ha sacudido las redes y pone en evidencia las dificultades castrenses para atajar los problemas de acoso y violencia sexual contra las mujeres militares.
Según Marine Corps Times, la comunidad donde fueron distribuidas esas imágenes tiene unos 30.000 miembros, principalmente de los Marines en activo y retirados estadounidenses, pero también británicos.
El Pentágono afronta así otro escándalo tras otros anteriores, como el de las violaciones de mujeres en las Fuerzas Armadas, lo que implicó a los investigadores del Servicio Naval de Investigación Criminal (NCIS, por sus siglas en inglés) y también a los capellanes del cuerpo.
El portavoz de los Marines en el Pentágono, comandante Clark Carpenter, declaró a la revista que los investigadores no saben qué envergadura tiene la trama.
En el documento-guía de 10 páginas de la oficina de Asuntos Públicos del Cuerpo de Marines circulado entre los oficiales para afrontar el escándalo se apela a colaborar con los investigadores y denunciar cualquier hecho criminal.
También se ofrece a las mujeres que han resultado afectadas los cauces oficiales de comunicación con el inspector general del cuerpo, el canal de mando, Military One Source (línea de atención telefónica 24 horas) y los propios capellanes.
El impacto en la moral del cuerpo y la degradación de las víctimas son dos de los aspectos que cuestionan la integridad de los responsables del escándalo, entre otros aspectos destacados en el documento preparado para afrontar la crisis.

NT

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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