Conecta con nosotros

México

Esta es la más reciente declaración de bienes de AMLO

¿Qué posee el presidente Andrés Manuel López Obrador? De acuerdo con su más reciente declaración patrimonial, difundida este viernes, solo tiene una cuenta bancaria de nómina y su cuenta de ahorro para el retiro (Afore).

Así consta en el documento publicado en la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que tanto el jefe del Poder Ejecutivo federal como miembros de su gabinete actualizaron sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

En su declaración, López Obrador señala haber tenido ingresos solo por su cargo como presidente de la República, monto que asciende a 1 millón 567,640 pesos anuales ya con impuestos.

El primer mandatario también declara tener una sola cuenta bancaria, la de nómina, en la que recibe su sueldo, y también la correspondiente a su Afore. En ninguno de los dos casos precisa los montos que hay en ellas.

López Obrador señala no poseer bienes inmuebles o vehículos a su nombre, y declara no ser inversionista en alguna empresa o sociedad, así como no haber solicitado préstamos.

El documento precisa que en rubros de este tipo (bienes inmuebles, inversiones o vehículos) que estén en copropiedad o a nombre de su pareja, dependientes económicos o terceros, los datos no serán públicos.

En la actualización de mayo de 2019, López Obrador declaró que sus ingresos anuales eran de 125,401 pesos. Para ese momento ya era presidente, pero estaba declarando sobre su último cargo, que era como dirigente nacional de Morena.

En ese momento, reportó dos cuentas bancarias con 76,000 y 200,000 pesos, pero tampoco declaró inmueble o vehículos que estuvieran a su nombre.

Además del presidente, otros funcionarios de primer nivel presentaron la actualización de su declaración patrimonial y de intereses, entre ellos, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

En el caso de Bartlett, quien en 2019 fue señalado de haber ocultado la existencia de 23 casas y 12 empresas que están a nombre de su concubina e hijos, declaró un ingreso anual neto de 2 millones 209,550 pesos por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otros como funcionario, además de 3 millones 593,696 pesos por otros ingresos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto