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Debe Estado atender adeudos salariales con maestros federalizados: Congreso

El Congreso del Estado pidió a la Secretaría de Educación y Deporte, atienda a la mayor brevedad los adeudos que por el proceso de homologación salarial, derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, tiene con los trabajadores de la educación del subsistema federalizado desde el mes de septiembre de 2015, así como los incumplimientos que afectan de igual manera a los trabajadores jubilados del mismo subsistema.
En Tribuna la Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Partido Nueva Alianza, María Antonieta Mendoza Mendoza, reconoció que “Hoy el gobierno del estado tiene una deuda pendiente con los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.
Esa deuda dijo la Legisladora, se describe a continuación:
• En su totalidad asciende aproximadamente a 65 millones de pesos.
• De esos 30 millones de pesos serían aplicados en compensaciones nivelatorias para equilibrar los salarios de 23 mil trabajadores.
• 16 millones de pesos en bonos de reconocimiento para favorecer a 8 mil trabajadores jubilados.
• 15.4 millones de pesos para entregar su bono de recuperación a 4 mil jubilados que sufren rezago en su ingreso.
• 4 millones 700 mil pesos aplicables a mil 230 becas para los hijos de los trabajadores de la educación que estudian en el nivel medio superior.
A la par de la anterior propuesta, se solicita al titular de dicha Secretaría, una relación de armonía, respeto y coordinación, de tal manera que las relaciones históricas de armonía y colaboración entre el Gobierno del Estado y el S.N.T.E., sigan siendo ejemplo de trabajo y estabilidad para la ciudadanía chihuahuense y para México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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