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Estado interpondrá queja por simulación de la Federación en regreso a Mesa de Seguridad

La Consejería Jurídica del Estado interpondrá una queja en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno Federal, por simular un cumplimento de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de regresar a la Mesa de Seguridad Estatal, declaró su titular, Jorge Espinoza Cortés.

Es la Federación la que se debe coordinar con el Estado y no al revés, debe regresar a la Mesa de Seguridad a la que convoca el gobernador del estado, porque de acuerdo al mismo manual elaborado por el Gobierno Federal, quien convoca es el titular del Ejecutivo del Estado, aseguró el funcionario.

Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal giró un oficio, en el sentido de que el Gobierno de Chihuahua acuda a las sesiones a la base militar de Chihuahua, pero “el problema es que esto se genera en virtud de una suspensión que otorgó la Primera Sala de Justicia de la Nación al Gobierno del Estado, en el sentido de que deben de reintegrarse las fuerzas federales a la mesa de seguridad».

Esa suspensión, dijo, significa, que las fuerzas federales deben regresar a coordinarse a la mesa que convoca el Gobernador del Estado, por ser la primera autoridad del estado, y en ese sentido la Consejería Jurídica considera que existe un incumplimiento de la suspensión que va a ser materia de un recurso de queja.

«Que vamos a presentar ante la Ministra Instructora Yasmín Esquivel, para que una vez que se analice el supuesto cumplimiento que dice haber la Secretaría de Seguridad Pública, se puedan aplicar las sanciones correspondientes», manifestó Espinoza.

Las sanciones, agregó, que establece el artículo 58 en su fracción primera de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución que sería: la destitución y la consignación por el delito de abuso de autoridad por la desobediencia cometida, así como cualquier otros delito en el que se pudiera haber incurrido por este incumplimiento de la suspensión.

Reiteró que el manual de operación, que emite la propia Federación, establece claramente que quien convoca es el gobernador del estado y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, por lo cual no se está dando el debido cumplimiento de regresar las cosas a como estaban.

La materia de seguridad es de orden público, de interés social y por lo tanto, se presentará el recurso de queja para que la SSPC rectifique, de entrada, el actuar de las autoridades federales y se rectifique en materia de seguridad.

Por último dijo que las autoridades federales pretendieron dar un cumplimento simulado y con ello creen que están cumpliendo lo que resolvió la Corte y no lo están cumpliendo, ya que las cosas deben de regresar al estado en que se encontraban.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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