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México

Estado no cederá ante la amenaza del crimen a la democracia: Calderón

El Estado mexicano no cede ni debe ceder ante los hechos tan contundentes cometidos por los grupos de la delincuencia organizada, los cuales representan la principal amenaza para la democracia y la integridad de las instituciones con miras a las elecciones del próximo 1 de julio.

Advirtió lo anterior el presidente de la República, Felipe Calderón quien recordó la incidencia del crimen organizado en procesos electorales recientes y en el asesinato de candidatos a cargos de representación popular, como en el caso del aspirante a gobernador en Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú y la muerte de 28 alcaldes en los últimos cinco año.

En el marco de la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el mandatario mencionó que los convenios firmados entre las instituciones federales y las estatales con las electorales garantizan la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad para brindar protección personal de candidatos y personal electoral que lo requiera.

Lo anterior, como parte de los compromisos del protocolo de medidas de seguridad para el desarrollo del proceso electoral que ya está en marcha.

El mandatario hizo otro exhorto al Congreso de la Unión para aprobar las reformas pendientes en materia penal con la finalidad de dar celeridad a la correcta aplicación de la justicia.

En la reunión, en la que se discutieron los protocolos de seguridad para los comicios federales de 1 julio próximo, el presidente insistió en que la principal amenaza para nuestra democracia es el crimen organizado, ante lo cual el Estado mexicano no cede ni cederá.

Calderón Hinojosa se comprometió a conducirse, de cara a la elección federal de julio próximo, más allá de cualquier interés político o electoral.

«Hoy hemos venido por varias razones, desde luego a ratificar nuestro compromiso de actuar más allá de cualquier objetivo de corto plazo, más allá de cualquier interés político o electoral, por el bien y la seguridad de los mexicanos», dijo ante los gobernadores, el jefe de Gobierno, consejeros del IFE y otros funcionarios.

Indicó que los actuales son tiempos cruciales para la vida democrática del país, pues dentro de cuatro meses los mexicanos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a quien habrá de dirigir a la nación y representar a los ciudadanos los próximos años, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

Recordó que en los últimos cinco años 28 alcaldes en funciones han perdido la vida a manos de los criminales. Y, agregó que se tiene registrado el caso de candidatos de todas afiliaciones políticas que han sido fuertemente presionados por delincuentes.

«Hemos sido testigos de casos tan lamentables como el asesinato del candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torre Cantú en 2010 ha sido el caso de candidatos de presidentes municipales en ese mismo estado», mencionó.

Explicó que se llevarán a cabo convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno y las autoridades electorales para garantizar el desarrollo del actual proceso y garantizar las condiciones de gobernabilidad y paz social necesarios para su realización.

Lo anterior, dijo, porque se deben generar las condiciones de seguridad necesarias para que los mexicanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad, además de brindar la protección necesaria a los diferentes candidatos a cargos de elección popular.

Durante el encuentro también se analizaron temas en la lucha contra la delincuencia y se revisarán los avances de cada entidad y la federación que se presentan en el combate a crímenes que lastiman gravemente a la sociedad, entre ellos el secuestro.

En este sentido, Calderón Hinojosa recordó que las víctimas de la violencia no son cifras, sino personas que deben estar registradas con nombre y apellido.

«Nuestra obligación es ofrecer justicia a quienes han sido lastimados por los delincuentes y debemos investigar cada caso. Debemos consolidar las bases de datos para homicidios dolosos y personas no localizadas. La razón de de nuestra lucha son las víctimas», sostuvo.

Comentó que no se están alcanzando las metas de depuración de los policías, por lo que exhortó a acelerar el paso.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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