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Estados destinan ocho de cada diez pesos para pagar deudas: diputados

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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados reveló que el promedio de deuda por entidad federativa, en relación con las participaciones federales, alcanza el 81.3 por ciento, es decir, destinan 8 de cada 10 pesos, en promedio, de los recursos recibidos por este concepto en 2015, para solventar la deuda.
Sin embargo destacó que hay cinco entidades que rebasan por mucho este promedio nacional, que son: Quintana Roo, con 269.5 por ciento; Coahuila, 261.5; Chihuahua, 228; Nuevo León, 220.6, y Veracruz con 133.3 por ciento de sus participaciones.
Precisó que los primeros cuatro estados también son los que tienen mayor nivel de deuda por habitante.
Al instalar su subcomisión de Seguimiento a las Participaciones Federales y Deuda Pública, informó que la deuda subnacional pasó de 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2001, a 3.1 por ciento en 2015.
La presidenta de esta subcomisión, la diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, indicó también que, de acuerdo con el “Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas”, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, este porcentaje representa casi siete veces el presupuesto asignado para 2016 al programa social Prospera, y equivale al presupuesto en conjunto que ejercerán las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación.
El estudio señala –añadió- que el promedio de deuda de las entidades federativas, respecto de sus participaciones federales, creció de 64.25 por ciento en 1994 al 84 por ciento en 2015.
El promedio de deuda por entidad federativa, en relación con las participaciones federales, oscila en 81.3 por ciento, es decir, que tendrían que haber destinado 8 de cada 10 pesos en promedio, de los recibidos por este concepto en 2015, para solventar la deuda.
El Financiero

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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