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Estados destinan ocho de cada diez pesos para pagar deudas: diputados

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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados reveló que el promedio de deuda por entidad federativa, en relación con las participaciones federales, alcanza el 81.3 por ciento, es decir, destinan 8 de cada 10 pesos, en promedio, de los recursos recibidos por este concepto en 2015, para solventar la deuda.
Sin embargo destacó que hay cinco entidades que rebasan por mucho este promedio nacional, que son: Quintana Roo, con 269.5 por ciento; Coahuila, 261.5; Chihuahua, 228; Nuevo León, 220.6, y Veracruz con 133.3 por ciento de sus participaciones.
Precisó que los primeros cuatro estados también son los que tienen mayor nivel de deuda por habitante.
Al instalar su subcomisión de Seguimiento a las Participaciones Federales y Deuda Pública, informó que la deuda subnacional pasó de 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2001, a 3.1 por ciento en 2015.
La presidenta de esta subcomisión, la diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, indicó también que, de acuerdo con el “Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas”, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, este porcentaje representa casi siete veces el presupuesto asignado para 2016 al programa social Prospera, y equivale al presupuesto en conjunto que ejercerán las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación.
El estudio señala –añadió- que el promedio de deuda de las entidades federativas, respecto de sus participaciones federales, creció de 64.25 por ciento en 1994 al 84 por ciento en 2015.
El promedio de deuda por entidad federativa, en relación con las participaciones federales, oscila en 81.3 por ciento, es decir, que tendrían que haber destinado 8 de cada 10 pesos en promedio, de los recibidos por este concepto en 2015, para solventar la deuda.
El Financiero

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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