CIUDAD DE MÉXICO.— Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo —los cinco estados más golpeados por las lluvias torrenciales de la última semana— enfrentan la emergencia sin contar con una póliza de seguro contra desastres naturales que garantice recursos inmediatos para atender los daños. Las intensas precipitaciones han dejado decenas de muertos y desaparecidos, miles de damnificados, más de 100 mil viviendas afectadas y severas pérdidas en infraestructura urbana.
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle optó por no renovar la póliza catastrófica estatal que venció en mayo pasado. En su lugar, decretó la creación de una aseguradora pública que, hasta ahora, no cuenta con registro, capital, oficinas ni estructura operativa. Puebla, por su parte, eliminó su cobertura desde 2021 durante la administración de Miguel Barbosa.
En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri reconoció que el presupuesto estatal es insuficiente para reparar la infraestructura dañada, por lo que dependerá del apoyo del gobierno federal y de los municipios.
San Luis Potosí y Hidalgo tomaron decisiones similares con resultados igualmente preocupantes. En el primer caso, Ricardo Gallardo sustituyó las pólizas de seguro por un programa con recursos limitados a 36 millones de pesos. En Hidalgo, Julio Menchaca canceló la cobertura estatal y creó un fideicomiso de 270 millones, cuya capacidad de respuesta ha sido puesta en duda ante la magnitud de los daños.
Estas decisiones reflejan la creciente vulnerabilidad financiera con la que varios estados enfrentan los efectos de los fenómenos naturales. Sin seguros ni fondos robustos, la recuperación de las zonas devastadas dependerá enteramente del apoyo federal y de la capacidad de gestión local ante una emergencia que sigue dejando estragos en buena parte del país.
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