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Estados se quejan pero ganan más con gasolinazo

Mientras los estados del país pretenden culpar al gobierno federal de los impactos por el incremento a las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017, las entidades van a beneficiarse por los ingresos adicionales que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles.
Con datos a noviembre pasado de la Secretaría de Hacienda, el IEPS por gasolinas que obtuvieron los estados fue de poco más de 24 mil millones de pesos, cifra que forma parte de los 636 mil 716 millones que recibieron por participaciones.
De cada 100 pesos que reciben las entidades por parte del gobierno, 3.8 pesos provienen de los ingresos por venta del combustible. Los más beneficiados por concepto de IEPS a las gasolinas son: Estado de México, con 2 mil 476 millones de pesos; Jalisco, mil 471 millones; y la Ciudad de México, mil 261 millones.
Nuevo León recibió mil 146 millones de pesos por este impuesto; Chiapas obtuvo mil 79 millones, y en el caso de entidades con problemas en sus finanzas y endeudamiento, Veracruz recibió de enero a noviembre mil 64 millones de pesos.
Sobre el tema, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se va a reunir la primera semana de enero con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para externar su preocupación sobre el encarecimiento de los combustibles y la llegada de nuevas gasolineras al mercado.
Según la Conago, después de esta reunión se va a tomar una decisión por parte de los estados de las afectaciones que tendrá el fuerte ajuste del precio de la gasolina.
Del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 la gasolina Magna tendrá un precio promedio de 15.99 pesos por litro; la Premium, 17.79; y el diesel, 17.05. Con este ajuste, el precio de los combustibles se encarecerá 14.2% para la Magna; 20.1% en el caso de la Premium; y 16.5% el diesel, en comparación con el precio máximo que tuvieron en diciembre de este año.
Doble discurso.
El director general de Inteligencia Pública, Marco Cancino, dijo que los gobiernos de los estados mantienen un doble discurso al obtener mayores recursos, los cuales en su mayoría serán usados en gasto corriente o pago de deuda y no comprometerse a la rendición de cuentas ni mejorar su recaudación propia.
“Vamos a estar viendo un doble discurso por parte de los gobiernos locales de pasarle la factura del aumento de la liberalización del precio de la gasolina al gobierno federal y al mismo tiempo estarán felices por recibir ingresos adicionales vía IEPS”, dijo.
En su opinión, los gobiernos locales no están haciendo mayores esfuerzos de recaudación y no quieren asumir costos políticos por recaudar impuestos. Así, la Federación, a través de políticas nacionales, está generando ingresos adicionales y tendrá que asumir el precio de esta decisión.
“De nueva cuenta los estados acaban siendo beneficiados sin asumir ninguna consecuencia política. Estamos eternizando su condición de adolescentes o de menores de edad. Les cae bien en este momento de restricción presupuestaria”, sentenció.
El especialista del ITAM, Herbert Bettinger, dijo que aun con los ingresos adicionales que reciba el gobierno y sus beneficios a los estados, éstos resultarán insuficientes ante el mal manejo de recursos públicos que han hecho las entidades y los severos problemas financieros que viven la gran mayoría de los gobiernos locales.
Reiteró que el alza a las gasolinas tendrá un impacto negativo en todos los sectores económicos del país, donde si se suma el incremento en las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación observada en 2016, el poder adquisitivo de la población es de 42% y de las empresas apenas de 37%.

Con información de El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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