El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal por Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, por presuntamente brindar protección a las operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa.

Según la información publicada en el portal oficial de la dependencia, Brown habría facilitado las actividades criminales de Alfonso y René Arzate García, considerados operadores de alto nivel de esta organización. De acuerdo con el documento, la legisladora mantenía una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, quien fue clave para que colocara a aliados en puestos estratégicos dentro del gobierno municipal.

“Durante el mandato de Brown como alcaldesa de Rosarito, Jesús González Lomelí y Candelario Arcega sirvieron como intermediarios entre ella y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos”, señala el informe. Además, detalla que estas personas recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, gestionaron operaciones y garantizaron protección a sus actividades delictivas desde el Departamento de Seguridad Pública local.

El Tesoro estadounidense añadió que Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y a la 13224 —en su versión enmendada— por actuar o pretender actuar en nombre del Cártel de Sinaloa, de manera directa o indirecta.

Las autoridades también pusieron bajo la lupa los negocios de Jesús González Lomelí, a quien relacionan con 14 empresas, entre ellas JR Alimentos del Mar, Grupo JRCP, Sabor Tapatío, Gotoco Alimentos Procesados, Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, Alimentos y Desvío Insurgentes, Sunset Servicios Gastronómicos, JJ Gonver, Operadora de Alimentos con Orígenes de México, Veintiuno Mexicali, Coco Beach Bar y Cavally Antro & Bar.

Estas compañías fueron designadas bajo las mismas órdenes ejecutivas por ser propiedad, estar controladas o actuar en nombre de González. Como consecuencia, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas sancionadas quedan bloqueados en Estados Unidos. Cualquier entidad con 50% o más de participación directa o indirecta de personas bloqueadas también se considera sujeta a estas restricciones.

Con esta acción, Washington intensifica la presión sobre los presuntos vínculos entre redes criminales y actores políticos en México.