Desde el primer minuto de este 19 de agosto de 2024, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han paralizado sus labores en todo el país. Esta acción, sin precedentes en la historia reciente, es una respuesta directa a la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo Federal, la cual busca que los jueces y ministrossean elegidos por voto popular.
Los trabajadores han calificado esta medida como un peligro inminente para la independencia judicial y un ataque directo a la estructura de contrapesos que sostiene la democracia en México. A este tema le suman, de acuerdo con sus palabras las afectaciones en salarios y fondo de ahorros de pensiones.
En un comunicado difundido ampliamente en medios y redes sociales, los trabajadores del Poder Judicial explicaron las razones detrás de su decisión de detener sus actividades de manera indefinida. El documento, dirigido tanto al Congreso de la Unión como al pueblo mexicano, deja en claro su postura firme contra la reforma que, según ellos, socava los cimientos mismos de la justicia en el país.
¿Qué es lo que piden?
La reforma ha generado una gran controversia al proponer que los cargos de jueces y ministros, tradicionalmente designados mediante procesos internos y especializados, sean sometidos a elección popular. Esta iniciativa, que según el Ejecutivo busca democratizar el acceso a la justicia, ha sido vista por los trabajadores del Poder Judicial como una amenaza que pondría en manos de la política decisiones que deberían ser técnicas y basadas en el derecho.
«Es un retroceso monumental», señaló Fernando Miguel, secretario de juzgado y uno de los voceros del movimiento. «La independencia del Poder Judicial no es un lujo, es una necesidad. Si permitimos que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular, corremos el riesgo de que sus decisiones estén más influenciadas por intereses políticos que por la ley misma. Esto no es democratización, es politización de la justicia».
En el mismo comunicado, los trabajadores expresaron su preocupación por los impactos que la reforma podría tener sobre la carrera judicial, un sistema que, según ellos, garantiza que los puestos dentro del Poder Judicial sean ocupados por personal con la formación y experiencia adecuada.
«Eliminar la carrera judicial es un golpe directo a la profesionalización de nuestra labor», se lee en el texto. «Oficiales, actuarios y secretarios se verían gravemente afectados, ya que se estaría destruyendo la estructura que asegura un servicio de justicia imparcial y eficiente».
Las protestas se extienden por todo México
El paro laboral, que comenzó en el primer minuto de este día, ha sido acompañado por manifestaciones y protestas frente a varios edificios judiciales en todo el país. En la Ciudad de México, un numeroso grupo de trabajadores se congregó frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, mostrando pancartas y coreando consignas en defensa de la independencia judicial.
Algunos apoyan la necesidad de una mayor democratización en el proceso de selección de jueces y ministros, muchos otros han señalado los peligros de politizar el sistema judicial. «La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia», afirmó Claudia Sánchez, profesora de derecho constitucional.
«Alterar su estructura para someterla a los vaivenes de la política electoral podría tener consecuencias desastrosas para la imparcialidad de las decisiones judiciales».
Por su parte, el Ejecutivo Federal ha defendido la reforma argumentando que busca hacer más transparente y accesible el Poder Judicial para el pueblo. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, y varios sectores han acusado al gobierno de intentar concentrar más poder en sus manos.
RRSSComunicado PJF
«Esta reforma es parte de una agenda más amplia para debilitar los contrapesos y concentrar el poder en el Ejecutivo», advirtió Julio García, analista político. En respuesta a estas acusaciones, el Ejecutivo ha sostenido que la reforma es necesaria para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
«El pueblo tiene el derecho de elegir a quienes administran justicia en su nombre», declaró un portavoz del gobierno. «La elección popular de jueces y ministros permitirá un sistema más transparente y que rinda cuentas al pueblo, en lugar de mantenerse en manos de una élite desconectada de la realidad social».
Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial rechazan esta visión y mantienen que la verdadera motivación detrás de la reforma es debilitar la independencia judicial. El paro nacional no tiene una fecha definida de conclusión, y los trabajadores han declarado que continuarán con esta medida hasta que sus demandas sean escuchadas y la propuesta de reforma sea retirada o modificada para garantizar la independencia judicial.
Poder Legislativo declara constitucional la reforma al Poder Judicial
Ciudad de México.- El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.
“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado plurinominal de extracción morenista.
Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.
Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y MC en ambas Cámaras del Congreso, quienes expresaron que la acción de constitcuionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.
La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma, recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC);calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense, han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.
Este viernes un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia.
Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”,, dijo Godoy.
Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y entrada en vigor.
Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.
Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigencia.
