La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló a la Cámara de Diputados que de los 9.7 millones de televisores digitales repartidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el padrón entregado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en tiempos de Rosario Robles, 400 mil están perdidos.

Durante la revisión del Informe de la cuenta pública 2014, a pregunta de distintos diputados, el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Juan Javier Pérez Saavedra, dijo que por la celeridad con que se aplicó el programa de transición a la televisión digital se cometieron distintas irregularidades.

El proyecto cayó en una serie de vicios, como no realizar una investigación de mercado, lo que propició la adquisición de grandes cantidades de pantallas a precios que no garantizaron las condiciones para el Estado y hubo falta de controles para determinar a quién se entregaron, indicó.

Asimismo, en la reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, planteó que el combate a las irregularidades y corrupción en el gasto público debe hacerse como si se tratara de una estrategia contrainsurgente, de no buscar elementos subversivos de manera individual, sino controlar los espacios donde se mueven, impedir que se oculten entre la población y obstaculizar al máximo su acción.

Consideró que una estrategía de ese tipo permite disuadir la aparición de nuevos focos de desestabilización al reducir de manera sustancial las condiciones donde surgen. No es un planteamiento eficiente que nuestro objeto último sea atrapar peces en un ciclo interminable, sino desecar el lago donde habitan.

También se informó que se presentaron denuncias penales por las irregularidades que cometieron las universidades del estado de México y Morelos, que cedieron a empresas privadas contratos que les había asignado la misma Sedesol en ese mismo año.

Para Portal Martínez, en el combate a la corrupción el objetivo es crear espacios de control en los que no sea redituable separarse de la norma y elevar, hasta un nivel inaceptable, el costo de incurrir en actos indebidos.

Señaló que la ASF identificó fallas en las obras que se asignaron a empresas privadas, desde deficiencias en los proyectos ejecutivos y bases de licitación inadecuadas, que ocasionan errores desde el origen de los proyectos. La carencia de estudios previos propicia la autorización y pago por conceptos adicionales, obra extraordinaria o cambios, tanto en los materiales como en los bancos de extracción y desperdicio, expuso.

Además, dijo, con tal de obtener los contratos, las empresas ofrecen que las obras serán realizadas por personal con experiencia técnica y perfil académico requerido, pero en la realidad las ejecutan cuadrillas de bajo perfil, y aumentan los costos de materiales, sueldos y salarios para exigir pagos adicionales.

Se trata de una práctica recurrente en el sector comunicaciones y transportes, específicamente en la construcción de carreteras, donde se cometen prácticas irregulares como deficiencias en la evaluación de propuestas, subcontratación, pagos por obra no ejecutada, así como por servicios de asesoría, supervisión y control.

El director de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, informó que la ASF determinó recuperaciones por 6 mil 432.4 millones de pesos en las dependencias del grupo de desarrollo económico, y que de éstas las secretarías de Agricultura y Comunicaciones concentraron casi 65 por ciento.