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México

Estas son las 7 colonias más inseguras para tomar Uber o taxi en CDMX

La Ciudad de México presenta condiciones que ameritan incrementar la seguridad en el transporte, porque de acuerdo a un estudio realizado por la Policía de Investigación hay un mapa delictivo que señala a siete colonias donde se registra mayor número de ataques a mujeres solas que viajan en taxi o en vehículos controlados por plataformas digitales.

Esas colonias son Polanco, Nápoles, Roma, Condesa, Santa Fe, Escandón y San Jerónimo, lo que se suma a los delitos cometidos contra mujeres que derivaron en la petición desde 2017 de colectivos feministas a una Alerta de Género para la Ciudad de México, con el objetivo de que se destinen mayores recursos y atención para resolver esta problemática.

Con el fin de mejorar la seguridad en el transporte de la Ciudad de México, se establecerá un botón de pánico para controlar alrededor de 180 mil taxis concesionados y de plataforma digital, el cual se activará desde una aplicación celular conectada al C5, informó Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad.

Es una aplicación del taxi de la ciudad, la vas a descargar en tu celular, vas a poder poner la placa del taxi y entonces tú ya sabes en qué taxi vas y quién es el operador».

Y ahí va a haber un botón, como parte de la aplicación. Si hay un incidente, lo aprietas y después de unos segundos manda una señal al C5 con los datos de tu localización. Se le empieza a seguir y se despachan policías», explicó y detalló que el tiempo de respuesta es de seis minutos de acuerdo a pruebas realizadas.

La Alerta de Género es un tema que sí nos importa, no está bajo nuestra responsabilidad y tiene qué ver con muchas más cosas, no sólo el transporte.

Pero siempre es preocupante porque es importante que las personas se sientan seguras y es nuestra responsabilidad generar las condiciones y evidentemente reducir los incidentes en donde haya personas afectadas, ya sea por robo o violencia sexual”, indicó Lajous.

Actualmente se está construyendo la base de datos, tarea en la que participan las empresas que dan servicio de taxi mediante plataformas digitales como Cabify, Didi, Uber, Vic y Volt.

El 17 de julio se reunieron con los representantes de esas compañías para informarles que, de acuerdo a la modificación del reglamento de la Ley de Movilidad, los conductores de esos vehículos y las unidades deben cumplir con ciertos requisitos.

Incluimos que los vehículos que trabajan con estas empresas deben pasar por una revisión físico-mecánica una vez al año y que los conductores tendrán que sacar una licencia tipo E1.

Por lo que deberán capacitarse y hacer una prueba de pericia, así como exámenes médicos que les realizan en el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes, A.C.)”, explicó.

El registro de operadores termina el 10 de septiembre tanto para taxis concesionados como plataformas. En el caso de las empresas digitales se comprometieron a que cada siete días renovarán la información de quienes fueron conductores y vehículos. La información incluye el número de placa del vehículo y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del conductor.

Es decir, que podamos asociar conductores a placas de vehículo de tal manera que, si hubiera un incidente vial, o un incidente de seguridad, rápidamente la autoridad podría actuar conociendo el nombre del conductor responsable de ese vehículo.

Cualquier ciudad debe tener un buen servicio de taxi, y eso es clave, y eso evidentemente implica que las personas se sientan seguras cuando se suban a un taxi. ¿De qué depende esa confianza? Depende que exista la información sobre con quién se sube uno”, subrayó.

En la Ciudad de México operan alrededor de 60 mil taxis regulados por las plataformas digitales mencionadas. Asimismo, hay 141 mil taxis con placas concesionadas, de los cuales aproximadamente 110 mil pasan a la revista mecánica año con año, son los que están en activo.

Nosotros propiamente no le damos seguimiento a los incidentes de seguridad, es una cosa que hacen las instituciones respectivas, pero siempre que nos piden información la compartimos; realmente son unas semanas, no creo que sea mucho más, para que tengamos los botones de pánico conectados al C-5”, finalizó el funcionario.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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