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México

Estas son las condiciones que deberán cumplir las empresas para reabrir con la Nueva Normalidad

La mañana de este miércoles en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, gobernadores y secretarios de gobierno federales explicaron las diversas etapas para la reincorporación de actividades, lo que denominaron “Nueva Normalidad”.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el próximo 18 de mayo se iniciará la reapertura económica en los “Municipios de la Esperanza”.

La funcionaria presentó las tres fases con las que cuenta el plan para “nueva normalidad” del Gobierno federal, el cual iniciaría en la primera fase con las zonas en las que no hay contagio y no tienen colindancia con municipios en los que hay sí hay alta transmisión casos de Covid-19.

Abundó que para la segunda etapa se elaboran por empresa protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades; capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral; readecuación de espacios y procesos productivos, así como filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

Todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la SSa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La implementación del semáforo para la reactivación a partir del primero de junio –tercera etapa- se dará por regiones en función de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, con cuatro categorías: medidas de salud pública y del trabajo, laborales (esenciales y no esenciales), espacio público (abierto y cerrado), personas vulnerables y escolares.

Cuando el semáforo está en rojo, solo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte.

El semáforo en naranja permite más actividades a realizar. Se permitirán actividades esenciales y no esenciales. “Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán regresar a las actividades, pero con máximo cuidado”, explicó.

El semáforo en amarillo implica una ampliación de actividades sin restricción. Podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, aunque sí habrá restricciones en espacios abiertos y cerrados.

En verde implica seguir las medidas de Salud Pública y de Trabajo, permitirá todas las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos, y reanudan, de manera normal, las clases. Márquez detalló que hay 269 municipios en 15 entidades del país en los que se prevé iniciar esta primera etapa del plan y que permitiría que el regreso de las actividades en los espacios educativos, laborales y públicos.

Indicó que para iniciar esta etapa en los casi 300 municipios entre el 14 y el 17 de mayo se implementarán cercos sanitarios.

La segunda etapa de este plan, explicó la titular de Economía, se llevará a cabo entre el 18 y 31 de mayo y constará de la preparación para la reapertura general y la consideración de las industrias de la construcción, de la minería y de la fabricación de equipo de transporte como actividades esenciales.

En tanto, la tercera etapa está programada para el 1 de junio con la implementación del sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que «el plan de reactivación económica cumple con los criterios de seguridad y certidumbre; se privilegió la salud de los mexicanos”.

Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que las empresas deben realizar protocolos para poder regresar a las actividades. “La nueva normalidad quiere decir que trabajadores como empleadores deben aplicar estos mecanismos”.

López Obrador dijo que, aunque hubo consenso con los gobernadores para realizar el Plan de la Nueva Normalidad, su puesta en marcha es voluntaria y no habrá controversia con los estados o municipios que no consideren llevarlo a cabo, sin embargo, confió en la responsabilidad de los ciudadanos.

“Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos a en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria, confiando en la responsabilidad de la gente y garantizando las libertades en lo más amplio posible”, expresó el mandatario.

“Si hay una autoridad municipal , estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan , no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación, por eso es muy importante que se sepa que el plan aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia , el derecho a disentir, vamos a estar informando constantemente, hasta que todos sepamos de qué se trata”, concluyó López Obrador.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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