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México

Estas son las farmacéuticas que AMLO vetó por posible corrupción

El Gobierno Federal dio a conocer el pasado 12 de marzo que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, 10 farmacéuticas concentraron el 80 por ciento de la compra de medicamentos para el sector salud.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tres ya no podrán participar en las nuevas licitaciones hasta que se determine si efectivamente incurrieron en actos de corrupción.

Lo curioso es que este gobierno les ha dado a esas mismas farmacéuticas el 30% de las compras que ha hecho en el sector.

“Di a conocer un oficio para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado, es una medida preventiva”, dijo el presidente López Obrador.

Las empresas que recibieron contratos multimillonarios por adjudicación directa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora no podrán participar en licitaciones son: Grupo Fármacos Especializados; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo.

Grupo Fármacos Especializados pertenece a Francisco Pérez Fayad, su actual representante legal es Roberto Enrique Ibarra Estrada. En seis años, esta empresa se llevó una bolsa de 107 mil 546 millones de pesos, es decir, obtuvo el 35% del total de las compras que se realizaron durante el sexenio pasado.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, esta empresa fue señalada por la Auditoria Superior de la Federación por vender medicamentos a sobreprecio.

Sin embargo, continuó siendo proveedora del Gobierno Federal y lo es ahora en el gobierno de López Obrador.

La segunda empresa es Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico “Dimesa”, de Carlos Álvarez Bermejillo, su actual representante legal es Juan Antonio Valeriano Martínez. En seis años obtuvo el 12% del total de las compras de gobierno, por ellas recibió 36 mil 604 millones de pesos.

La tercera empresa es Farmacéuticos Maypo, propiedad de Carlos Arenas Wiedfeldt, como actual representante legal aparece José Atilano Martínez Flores; obtuvo el 11% de las compras de medicamentos, con 35 mil 224 millones de pesos en el sexenio pasado.

Para las compras de medicamentos de este año se destinaron 58 mil millones de pesos y en las adjudicaciones estuvieron presentes integrantes del entonces equipo de transición de López Obrador.

En la plataforma Compranet, las tres empresas tienen 758 contratos celebrados con el actual gobierno federal, por un monto de 26 mil 482 millones de pesos; 27.2% del monto total de los 35 mil 990 contratos que aparecen en esta plataforma para 2019, cuyo monto asciende a más de 97 mil 431 millones de pesos.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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