México

Estas son las farmacéuticas que AMLO vetó por posible corrupción

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hace 7 años

Abr 10, 2019

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El Gobierno Federal dio a conocer el pasado 12 de marzo que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, 10 farmacéuticas concentraron el 80 por ciento de la compra de medicamentos para el sector salud.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tres ya no podrán participar en las nuevas licitaciones hasta que se determine si efectivamente incurrieron en actos de corrupción.

Lo curioso es que este gobierno les ha dado a esas mismas farmacéuticas el 30% de las compras que ha hecho en el sector.

“Di a conocer un oficio para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado, es una medida preventiva”, dijo el presidente López Obrador.

Las empresas que recibieron contratos multimillonarios por adjudicación directa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora no podrán participar en licitaciones son: Grupo Fármacos Especializados; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo.

Grupo Fármacos Especializados pertenece a Francisco Pérez Fayad, su actual representante legal es Roberto Enrique Ibarra Estrada. En seis años, esta empresa se llevó una bolsa de 107 mil 546 millones de pesos, es decir, obtuvo el 35% del total de las compras que se realizaron durante el sexenio pasado.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, esta empresa fue señalada por la Auditoria Superior de la Federación por vender medicamentos a sobreprecio.

Sin embargo, continuó siendo proveedora del Gobierno Federal y lo es ahora en el gobierno de López Obrador.

La segunda empresa es Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico “Dimesa”, de Carlos Álvarez Bermejillo, su actual representante legal es Juan Antonio Valeriano Martínez. En seis años obtuvo el 12% del total de las compras de gobierno, por ellas recibió 36 mil 604 millones de pesos.

La tercera empresa es Farmacéuticos Maypo, propiedad de Carlos Arenas Wiedfeldt, como actual representante legal aparece José Atilano Martínez Flores; obtuvo el 11% de las compras de medicamentos, con 35 mil 224 millones de pesos en el sexenio pasado.

Para las compras de medicamentos de este año se destinaron 58 mil millones de pesos y en las adjudicaciones estuvieron presentes integrantes del entonces equipo de transición de López Obrador.

En la plataforma Compranet, las tres empresas tienen 758 contratos celebrados con el actual gobierno federal, por un monto de 26 mil 482 millones de pesos; 27.2% del monto total de los 35 mil 990 contratos que aparecen en esta plataforma para 2019, cuyo monto asciende a más de 97 mil 431 millones de pesos.

Fuente: Noticieros Televisa

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Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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hace 10 horas

Dic 5, 2025

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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