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México

Esto dijo AMLO sobre la posible “traición a la patria” de Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es partidario del “punto final” y de que no haya venganzas políticas hacia los exmandatarios que pudieron haber cometido algún delito, por lo que insistió, será la gente la que decidirá a través de una consulta pública, si se debe enjuiciar a los ex presidentes o no.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado para conocer su opinión sobre la ampliación de la declaración de Emilio Lozoya en la que aseguró que parte del dinero de los sobornos de Odebrecht, se utilizaron en la campaña de 2012 para financiar las campañas negras en su contra, cuando era candidato presidencial.

A este respecto, el mandatario aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando la indagatoria, por lo que habrá que esperar para crear los expedientes y los jueces serán los que decidirán quiénes son los responsables y su presunta responsabilidad. Sin embargo, insistió que su postura es que “que no haya persecución ni venganzas políticas”

“Sobre la investigación, toda la denuncia que él presentó (Lozoya) porque aceptó colaborar con la Fiscalía y ya presentó un denuncia que la ha venido ha ampliando y la Fiscalía que ha venido haciendo la indagatoria y ha llamado a comparecer a presuntos responsables, todo esto se está manejando con autonomía y es la fiscalía la que tiene que proceder como corresponder en un auténtico Estado de derecho”, dijo.

“Vamos esperar a que la Fiscalía termine de crear todos estos expedientes y se pida a los jueces, que ellos decidan su culpabilidad, quiénes son los responsables.. La postura del ejecutivo, mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo, que no haya impunidad”, insistió.

Enfatizó que por primera vez, “no hay consigna del presidente”, ni a favor ni en contra de nadie, por lo que reiteró, será la Fiscalía la que realice las investigaciones, por lo que incluso los presuntos implicados, deben estar tranquilos en que se va a impartir justicia sin ningún tipo de sesgo.

“Entonces estamos viviendo también en estos tiempos interesantes, porque por primera vez no hay consigna del presidente, ni a favor ni en contra de nadie, es la Fiscalía que es un órgano autónomo, que afortunadamente no solo es una institución…. Tiene un fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, me refiero a Alejandro Gertz Manero y debe de darle tranquilidad a todos, los mexicano, incluso a los implicados, porque se va a impartir justicia, sin sesgos, sin tendencias, sin consignas, y al mismo tiempo repito, sin impunidad”, aseguró.

López Obrador recordó que uno de los directivos de Odebrecht dijo que los sobornos se usaron para la entrega de contratos, pero que con la ampliación de la declaración de Emilio Lozoya, ahora se sabe que parte de ese dinero lo usaron para una campaña en su contra en el proceso electoral de 2018.

“(…) Entonces esperemos, si son casos muy relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel.. Se trata de mucho dinero, son sobornos… tiene que ver con lo político, involucra al poder legislativo, tiene que ver con Pemex.. Bueno, es un asunto también electoral porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, es lo que tiene que probar la Fiscalía, se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética. Aunque ya un gerente de Odebrecht habla de que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos ni en el Congreso, ni votos para las elecciones del 2012 y ahora que se habla que ese dinero se utilizó para llevar una campaña en contra mía. Tampoco tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya.. entonces hay que esperar a que la fiscalía resuelva”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre si la decisión de juzgar a los expresidentes, como a Enrique Peña Nieto -por traición a la patria y cohecho— se basaría en el resultado de la consulta popular, pediría que la fiscalía frene las investigaciones contra el mexiquense, López Obrador aclaró que él “no podría detener ningún proceso” ni pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que frene la investigaciones.

“(…) Mi propuesta abierta es que en el caso de los ex presidentes, es que si había necesidad y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, se le preguntara al pueblo.. Yo era partidaio y sigo siendo, del punto final y de pensar mas hacia adelante, pero se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva.. Desde luego que no se les afecte sus derechos humanos, pero al mismo tiempo, que las autoridades libremente decidan si tiene responsabilidad en la crisis de México… desde Salinas hasta el ex presidente Peña. Ese es el planteamiento y por eso va a haber la consulta pero también hay los procesos legales que están en curso… No vamos a detener nada, pero no estamos presentando denuncias contra los expresidentes.. estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y de que en caso de ser necesario, como ha se decidido, llevar a cabo una consulta” , insistió.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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