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México

‘Estocada’ a la CNDH: Rosario Piedra Ibarra, su presidenta, propone que sea eliminada

La sugerencia de la titular de la CNDH viene en medio de la propuesta del presidente López Obrador de ‘borrar’ a los organismos autónomos.

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador tomará en cuenta esta sugerencia? Rosario Piedra Ibarra propuso este 24 de enero que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también sea eliminada junto con otros organismos autónomos, y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, precisó en su comparecencia ante la Comisión Permanente en San Lázaro.

Al presentarse ante diputados y senadores, Piedra Ibarra insistió en que “impulsamos nuestra reforma y nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano”.

“Hemos hecho nuestra parte: Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”, aseveró.

El presidente López Obrador ya adelantó que en su paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, planteará eliminar a todos los organismos autónomos.

“Lo que vamos a buscar es desaparecer estos organismos autónomos sin afectar a los trabajadores de base. Los medios que obviamente están en contra de esto dirán que van a dejar sin trabajo. No, no, no vamos a despedir a nadie como era antes”, comentó en la ‘mañanera’ del pasado 19 de enero.


En esa misma conferencia, el mandatario aclaró que su propuesta no toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“No, la Comisión de Derechos Humanos no, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba”, subrayó.

Oposición afirma que la CNDH le ‘quedó grande’ a Piedra Ibarra

Diputados y senadores de la oposición acusaron a Rosario Piedra Ibarra de incumplir con su principal tarea, que es “poner límites al poder”.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, le reclamó que en lo que va de su gestión, la CNDH evadió y no hizo recomendaciones contra los abusos de las autoridades en migración; desaparición de personas; en contra de los periodistas; en temas electorales; homofobia; desigualdad educativa, entre otros.

Martínez reclamó a la titular de la CNDH que no actuó contra “el desplazamiento forzado, contra los discursos que promueven la división y el odio desde la tribuna de la Presidencia de la República”.

“Nada le impide a usted, como ciudadana, presentar denuncias por violaciones en materia electoral; presentar una denuncia electoral por lo que denunció Sanjuana Martínez, o por lo que denunció Marcelo Ebrard, tanto en Notimex como en la Secretaría del Bienestar. Usted, por su trayectoria, lo podría presentar, no digo que una recomendación, sino como simple ciudadana”, precisó.

Por eso, le mostró una fotografía de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier y le advirtió que “esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre”.

¿Cómo se creó la CNDH en México?

La CNDH nació a partir de la Dirección General de Derechos Humanos, fundada en febrero de 1989 aunque en ese entonces formaba parte de la Secretaría de Gobernación.

Fue un año más tarde, en junio de 1990, cuando se creó por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de Gobernación.

En 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue elevada a rango constitucional y pasó a ser un organismo descentralizado “con personalidad jurídica y patrimonio propios”, según explica la misma CNDH.

“Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, añade.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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