El Presidente Joe Biden firmará el miércoles un decreto para reevaluar la importación de suministros necesarios para la fabricación de vehículos, celulares, equipos militares y otros bienes.

La orden dispondrá un estudio de 100 días sobre la venta de materias como baterías, productos farmacéuticos, minerales y semiconductores, y la posibilidad de aumentar la producción nacional de esos rubros, informaron fuentes de la Casa Blanca.

Estados Unidos se ha vuelto sumamente dependiente de las importaciones de estos bienes, lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional y un riesgo económico, sostuvieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Sin embargo, añadieron, Biden coordinará con otros países con el fin de proteger la cadena de suministros necesarios.

La importación de energéticos es una amenaza a la seguridad nacional y un riesgo económico. Foto: AP.

La orden estipula una reevaluación sector por sector de la defensa, la salud pública, suministros biológicos, tecnología de telecomunicaciones e informática, energía, transporte y alimentos.

En el año pasado, ha quedado al descubierto la fragilidad de las cadenas de suministros para Estados Unidos. Al estallar la pandemia del coronavirus hubo escasez de mascarillas, guantes y otros equipos médicos. Los fabricantes de automóviles están sufriendo un desabastecimiento de chips de computadora.

Funcionarios estadounidenses se han reunido con ejecutivos de las compañías automotrices y con representantes extranjeros para reabastecer las existencias a corto plazo, pero no hay solución fácil para llevar semiconductores inmediatamente a las fábricas, reveló una fuente oficial.

La escasez de chips revela por qué Biden se muestra proactivo al ordenar los estudios, con el fin de fortalecer los canales de envíos y evitar futuros desabastecimientos. Fuentes oficiales aseguraron que el Gobierno coordinará con compañías y con el Congreso como parte de las gestiones y que no se descartan otras opciones, como el uso del Acta de Producción para la Defensa.

Casi todos los fabricantes de vehículos en Estados Unidos han reducido la producción debido a la escasez de materiales, cancelando turnos laborales, reduciendo el ritmo de ensamblaje o cerrando fábricas temporalmente. La mayoría de las compañías han tratado de limitar los efectos del problema aplicando los recortes sólo a vehículos de menor venta.

En mayo, el expresidente Trump declaró que las importaciones de autos representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Foto: Ted S. Warrenm AP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso una reforma preferente a la Ley de la Industria Eléctrica del país para privilegiar a la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), que afecta a empresas privadas, sobre todo generadoras de renovables. La Cámara de Diputados aprobó el martes la iniciativa.

El principal impacto es eliminar el criterio económico en el despacho de la electricidad a cargo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Sin importar cuál sea más barata, el Cenace deberá despachar primero la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados, y al final las de ciclo combinado de particulares.

El Presidente consideró que el actual sistema de despacho, creado por la reforma energética de 2013 que abrió el sector a la inversión privada, “es uno de los grandes mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.

La iniciativa pide “revisar la legalidad y rentabilidad” de los contratos de generación y compraventa del Gobierno federal con productores independientes de energía. También “obliga” a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano autónomo, a revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.

Asimismo, demanda que los futuros permisos de generación “se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía (Sener)”, lo que implica subyugarlos a la voluntad del Gobierno.

La nueva legislación modificará las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), un instrumento financiero creado por la reforma energética de 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables.

Fuente: AP