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EU impone sanciones al hermano de Hugo Chávez y otros funcionarios venezolanos

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en la ‘ilegítima’ Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Todos los afectados son miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios ‘chavistas’.

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Estados Unidos incluyera en su ‘lista negra’ internacional al presidente Nicolás Maduro.

Junto con Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios chavistas.

Asimismo, figura Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.

El presidente Maduro invistió esta Asamblea Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura, y continúa tensando su control sobre el país», subrayó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en una nota de prensa.

El desprecio del régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable, y Estados Unidos les respaldará en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera», agregó Mnuchin.

Por ahora, sin embargo, el Tesoro sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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