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México

EU ofrece 5 mdd para dar con hijos del “Chapo”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) ofreció una millonaria recompensa para quien dé información que conduzca al arresto de cuatro hijos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán.

Se trata de recompensas de 5 millones de dólares (mdd) cada una para quien aporte información que ayude a detener a cuatro de los hijos del “Chapo“, considerados miembros de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa.

Los cuatro hijos del “Chapo” están sujetos a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Tras el arresto de su padre, el capo Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, sus hijos continuaron con el negocio, según autoridades estadounidenses.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía un número de teléfono y un correo electrónico para que se pueda hacer la denuncia: + 1-520-335-7315 y GUZMANsons-Tips @ ice.dhs.gov.

De manera paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para complementar los señalamientos del Departamento de Estado.

Lo anterior implica que se bloquearán y congelarán todas las propiedades e intereses que los cuatro hijos del “Chapo” tengan en territorio norteamericano, y se evita que puedan efectuar algún tipo de transacción con personas o empresas estadounidenses.

“También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de una o más personas bloqueadas”.

Fundado en la década de 1980, el Cártel de Sinaloa operó inicialmente como una coalición de los narcotraficantes más poderosos de México.

A principios de la década de los 2000, Ismael Zambada García (“Mayo”) y Joaquín Guzmán Loera (“Chapo”) consolidaron su poder, lo que llevó al cártel a convertirse en uno de los más grandes del país.

El Cártel de Sinaloa controla la actividad del narcotráfico en regiones clave de México, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. Trafica cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidos fentanilo y heroína, hacia Estados Unidos.

En 2009, el presidente de Estados Unidos identificó al Cártel de Sinaloa como un importante narcotraficante extranjero, de conformidad con la Ley Kingpin.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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