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EU tiene prioridad en la extradición de Yarrington: Departamento de Justicia

El gobierno de Estados Unidos tiene la prioridad sobre el de México en la solicitud de extradición a Italia del exgobernador priista de Tamaulipas Tomas Yarrington, acusado en el estado de Texas de delitos de relacionados al lavado de dinero y tráfico de drogas.
“Fue en el gobierno del expresidente Barack Obama cuando solicitamos al de Italia la ubicación, arresto y extradición del señor Yarrington”, explicó a Apro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sin precisar la fecha exacta del pedido a Italia –por tratarse de un proceso judicial en curso-, el gobierno de Estados Unidos está seguro de que recibirá a Yarrington en las próximas horas.
El encausamiento judicial contra el exmandatario tamaulipeco en la Corte Federal en Brownsville, Texas, fundamenta la solicitud de ubicación, captura y extradición que envió el gobierno del expresidente Obama al gobierno italiano.
“Estados Unidos fue el primero en pedir a Italia la extradición del señor Yarrington. Aunque hubo colaboración posterior con las autoridades mexicanas, las italianas y la Interpol para la conclusión de este caso”, subrayó el Departamento de Justicia.
El pasado 21 de marzo, el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes, estuvo en Washington realizando una visita de trabajo, durante la cual se entrevistó con su homólogo estadunidense Jeff Sessions.
Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron este lunes a Apro, que en dicha reunión Cervantes solicitó a Sessions la colaboración de Estados Unidos para fortalecer en Italia las tareas de ubicación y captura de Yarrington.
Desde el 17 de diciembre de 2012, el gobierno de México había pedido la participación de la Interpol para capturar a Yarrington.
Pese a tener una antigüedad de cinco años y tres meses, la emisión de la ficha roja pedida por México no había resultado en nada, y el arresto de Yarrington vino 14 días después de la reunión entre Cervantes y Sessions.
Por los delitos que le imputan en Texas y de ser declarado culpable durante un juicio, luego de su extradición, el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de 50 años de cárcel o cadena perpetua como castigo máximo.
La reducción de sentencias en Estados Unidos para el caso de criminales acusados de tráfico de drogas y lavado de dinero es un mecanismo que podría estar al alcance de Yarrington, siempre y cuando el exmandatario estuviera dispuesto a cooperar.
Para convertirse en testigo protegido o recibir una sentencia menos severa a la que le compete a los delitos que le achaca Estados Unidos, Yarrington tendría que proporcionar datos sobre la operación de los cárteles del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas durante su mandato, así como los nombres de funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno que recibían dinero del narcotráfico.
Toda información proporcionada por testigos protegidos o criminales que reciben sentencias menos severas a cambio de su colaboración, el gobierno de Estados Unidos la integra a expedientes criminales contra otras personas a quienes investiga o sobre los cuales está elaborando encausamientos judiciales.

Apro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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