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EU tiene prioridad en la extradición de Yarrington: Departamento de Justicia

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El gobierno de Estados Unidos tiene la prioridad sobre el de México en la solicitud de extradición a Italia del exgobernador priista de Tamaulipas Tomas Yarrington, acusado en el estado de Texas de delitos de relacionados al lavado de dinero y tráfico de drogas.
“Fue en el gobierno del expresidente Barack Obama cuando solicitamos al de Italia la ubicación, arresto y extradición del señor Yarrington”, explicó a Apro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sin precisar la fecha exacta del pedido a Italia –por tratarse de un proceso judicial en curso-, el gobierno de Estados Unidos está seguro de que recibirá a Yarrington en las próximas horas.
El encausamiento judicial contra el exmandatario tamaulipeco en la Corte Federal en Brownsville, Texas, fundamenta la solicitud de ubicación, captura y extradición que envió el gobierno del expresidente Obama al gobierno italiano.
“Estados Unidos fue el primero en pedir a Italia la extradición del señor Yarrington. Aunque hubo colaboración posterior con las autoridades mexicanas, las italianas y la Interpol para la conclusión de este caso”, subrayó el Departamento de Justicia.
El pasado 21 de marzo, el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes, estuvo en Washington realizando una visita de trabajo, durante la cual se entrevistó con su homólogo estadunidense Jeff Sessions.
Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron este lunes a Apro, que en dicha reunión Cervantes solicitó a Sessions la colaboración de Estados Unidos para fortalecer en Italia las tareas de ubicación y captura de Yarrington.
Desde el 17 de diciembre de 2012, el gobierno de México había pedido la participación de la Interpol para capturar a Yarrington.
Pese a tener una antigüedad de cinco años y tres meses, la emisión de la ficha roja pedida por México no había resultado en nada, y el arresto de Yarrington vino 14 días después de la reunión entre Cervantes y Sessions.
Por los delitos que le imputan en Texas y de ser declarado culpable durante un juicio, luego de su extradición, el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de 50 años de cárcel o cadena perpetua como castigo máximo.
La reducción de sentencias en Estados Unidos para el caso de criminales acusados de tráfico de drogas y lavado de dinero es un mecanismo que podría estar al alcance de Yarrington, siempre y cuando el exmandatario estuviera dispuesto a cooperar.
Para convertirse en testigo protegido o recibir una sentencia menos severa a la que le compete a los delitos que le achaca Estados Unidos, Yarrington tendría que proporcionar datos sobre la operación de los cárteles del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas durante su mandato, así como los nombres de funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno que recibían dinero del narcotráfico.
Toda información proporcionada por testigos protegidos o criminales que reciben sentencias menos severas a cambio de su colaboración, el gobierno de Estados Unidos la integra a expedientes criminales contra otras personas a quienes investiga o sobre los cuales está elaborando encausamientos judiciales.

Apro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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